miércoles, 30 de enero de 2008

Ley Forestal en la Corte Constitucional

Un tema que había dejado un mal "ambiente" por la resistencia de los ambientalistas y constitucionalistas contra el actual Ministro de Agricultura que la impulsó, fue la aprobación de la ley forestal (1021 del 20 de Abril de 2006) . Pues bien, el 23 de Enero de 2008, la Corte Constitucional se pronunció sobre ese cuerpo normativo, declarándolo inexequible por haberse obviado el procedimiento de consulta a las organizaciones indígenas, tal como lo contemplan los artículos 329 y 330 de la Constitución Política. En ese orden de ideas haré un par de reflexiones. La primera atinente al valor constitucional e internacional de la decisión , y en segundo lugar, al contenido de la sentencia en cuanto al concepto de la diversidad frente a los derechos humanos. En cuanto al primer aspecto, la decisión de la Corte Constitucional parte de la existencia de una omisión constitucional en el trámite de la ley: no haber realizado la consulta a los pueblos indígenas, tal como lo reconoce la constitución y las normas internacionales, integradas en virtud de la doctrina del "Bloque de constitucionalidad".

Es así, como el Convenio de la OIT No. 169, aprobado por la ley 21 de 1991 que busca asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para preservar su subsistencia hace parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que cualquier norma que se expida- ley estatutaria, marco, orgánica, ordinaria, aprobatoria de tratados internacionales, decreto con fuerza de ley o decretos legislativos, cuya constitucionalidad se define en la Corte Constitucional o los actos reglamentarios,- cuya constitucionalidad se define por parte del Consejo de Estado-, debe acatar no solo el cuerpo formal de la Constitución política, sino su extensión material, compuesta por normas que hacen parte de la Constitución, pero que no se encuentran formalmente dentro de su articulado. La decisión tomada es importante porque demuestra que existe acatamiento de las normas internacionales ratificadas y aprobadas por Colombia en los términos de nuestro proceso jurídico complejo- normas internacionales e internas-. En cuanto al segundo aspecto, se destaca que el máximo tribunal constitucional haga énfasis en el respeto del principio de la diversidad étnica y cultural consagrada en nuestra carta política (arts. 7 y 70) en el sentido que no puede entenderse como un principio vacuo. La diversidad no puede desconocerse en la actual retórica universalista que se evidencia dentro del discurso de los derechos humanos. En igual sentido, tampoco es dable relativizar de forma absoluta, su aplicación a ciertos grupos con determinadas culturas. La búsqueda de una posición intermedia debe primar. La decisión de la Corte se encamina hacia ese espacio de reflexión en cuanto que reconoce una especificidad dentro de una protección general consagrada en nuestra carta, sin caer en un discurso extremista de protección de los derechos. Aunque las políticas de acción afirmativa deben existir, su especificidad debe tener unos límites como se percibe en esta decisión de la Corte y en la lectura transversal de la Constitución Política.

Esta decisión debe servir, como muchas otras, para que desde los ministerios y el Congreso se conozca a profundidad las normas internacionales, se reconozcan los grupos protegidos por nuestra carta y se entienda por parte de los asesores jurídicos y legisladores, que el derecho constitucional no se reduce a un catálogo de artículos consagrados en la carta, cuyo contenido compran en cualquier esquina en edición de bolsillo antes de la posesión del cargo respectivo.

3 comentarios:

polonia dijo...

GRUPO DE DERECHO
DE INTERÉS PÚBLICO
G-DIP

Facultad de Derecho

Universidad de los Andes







LEY FORESTAL ES DECLARADA INEXEQUIBLE POR AUSENCIA DE CONSULTA PREVIA





§ En una decisión sin precedentes en Colombia, la Corte Constitucional reconoció que la Ley Forestal debió haber sido consultada con las comunidades negras e indígenas del país antes de su trámite en el Congreso de la República.





Enero 23 de 2008. La Corte Constitucional colombiana en una decisión sin precedentes en Colombia, reconoció que la Ley General Forestal (Ley 1021 de 2006) debió haber sido consultada con las comunidades indígenas y negras del país. Por esta razón, la Corte concluyó que al ser expedida sin cumplir con dicho requisito, la norma en cuestión violó el artículo 330 de la Carta de 1991 así como el Convenio 169 de la OIT, en los cuales se establece el derecho fundamental a la consulta previa para los pueblos negros e indígenas culturalmente diversos de la nación. Esta decisión constituye un reconocimiento trascendental de los derechos constitucionales de las minorías étnicas y raciales del país, en tanto que elimina del ordenamiento jurídico una norma que afectaba directamente los territorios en donde habitan una parte importante de estos grupos, y que aún así, fue aprobada por el Congreso sin que hubiera sido consultada con estas comunidades – tal y como lo exige la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT.



Con este fallo las comunidades negras e indígenas del país logran hacer respetar sus derechos constitucionales en tanto propietarios de una muy importante parte de los bosques que existen en el territorio colombiano.



La demanda frente a la cual se pronunció la Corte fue redactada por e l Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP). Durante un año y medio el G-DIP trabajó en el diseño y la implementación de una estrategia de litigio ante la Corte, que hoy culmina exitosamente con el fallo favorable de la Corte Constitucional.



El G-DIP celebra este logro de todos aquellos colombianos comprometidos con el respeto de la diversidad cultural y el medio ambiente, y ratifica que seguirá trabajando en el diseño e implementación de estrategias de litigio de alto impacto, así como en la redacción de proyectos para el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan la materialización de los principios y derechos de la Constitución de 1991.







Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP)

Universidad de los Andes

Contacto: Alejandra Azuero Q.

Tel. 3394949 ext. 3604 / 3006141438

Calle 19 N. 1-46

Bogotá, Colombia

gdip@uniandes.edu.co

http://gdip.uniandes.edu.co

francisco barbosa dijo...

Gracias Polonia por tu nota. Sé que está lucha se dio desde los Andes. Recuerdo asi mismo con mucho cariño la batalla que diste con la demanda sobre el aborto en Colombia. No bajes nunca los brazos en cuanto a tu activismo humanitario,

Un abrazo,

Francisco

iureamicorum dijo...

Profesor Francisco muy buena su nota la puedo tomar para amicorum?

Gonzalo