martes, 25 de marzo de 2008

La Corte Constitucional y los derechos humanos

Por: Francisco Barbosa Delgado

La Corte Constitucional Colombiana ha sido criticada por algunos, pero también ha sido alabada por otros. Tanto los unos, como los otros tienen sus razones. Criticar a un tribunal que ha proferido 11.034 sentencias de tutela y 4368 sentencias de constitucionalidad desde su instauración en el año 1992 hasta el año 2007 no es tan complicado por la pluralidad de enfoques, de visiones y de tópicos que ha abordado.

Hoy, voy a rescatar que este Tribunal en los últimos años ha dado un paso enorme en el reconocimiento de las normas internacionales de derechos humanos que se inició en el año 1992 con la sentencia C-572/1992 en la que señaló: "los principios y valores incluidos en el texto constitucional cumplen la función de asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la constitución", y continuó con la adaptación del término francés de Bloque de Constitucionalidad a través de la sentencia C-225 de 1995, reiterado luego con la C-578 de 1995, C-358 de 1997 y la C-191 de 1998 con lo cual se incorporaron los tratados de derechos humanos y todo su contenido axiológico-valorativo al análisis constitucional.

Pero para no perder el sentido del post, me encontré en la lectura habitual que hago de los resúmenes de su jurisprudencia que en la sentencia C-117 de 2008 (M.p Manuel José Cepeda), la Corte construye elementos de análisis constitucional, de principios emanados del derecho internacional de los derechos humanos. Esta decisión de la Corte definió la exequibilidad de lo señalado en el artículo 41 de la ley 1122 de 2007- por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones-, en lo atinente a las facultades jurisprudenciales de la Superintendencia de Salud, veamos:

ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos:
a) Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario;
b) Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios;
c) Conflictos que se susciten en materia de multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud;
d) Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios y las aseguradoras y entre estos y las prestadoras de servicios de salud y conflictos relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia Nacional de Salud sólo podrá conocer y fallar estos asuntos a petición de parte. No podrá conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo o acciones de carácter penal.
PARÁGRAFO 2o. El procedimiento que utilizará la Superintendencia Nacional de Salud en el trámite de los asuntos de que trata este artículo será el previsto en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998.

El problema jurídico planteado por la Corte era si consideraba que esa disposición vulneraba el derecho a ser juzgado por un juez imparcial (art. 29 C.P.) a través de la atribución de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud, para resolver controversias relacionadas con asuntos sobre los cuales también ejerce facultades de inspección, vigilancia y control.

Los dejó con lo que dijo la Corte:


"Las condiciones bajo las cuales, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución, puede entenderse que las facultades jurisdiccionales asignadas a una Superintendencia son constitucionales: (i) las materias específicas deben estar precisadas en a ley; (ii) no pueden tener por objeto la instrucción de sumarios o el juzgamiento de delitos y, (iii) al interior de la Superintendencia debe estar estructuralmente diferenciado el ámbito de la función judicial correspondiente a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control. Por lo tanto, no pueden ser ejercidas ambas funciones por los mismos funcionarios. Así mismo la primera y segunda regla parten de una restricción impuesta en el artículos 116 de la Carta. El tercer requisito surge de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos y se dirige a garantizar que el ejercicio de las facultades jurisdiccionales por autoridades administrativas, respete los principios de independencia e imparcialidad."

Al final declaró exequible la norma, pero eso era lo de menos….

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