domingo, 1 de junio de 2008

Sentencia de la Corte Constitucional: Investigación y juzgamiento a los Congresistas en la Corte Suprema de Justicia

El pasado 28 de mayo, la Corte Constitucional colombiana profirió el fallo C-545 de 2008 por medio del cual declaró exequible la expresión “Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el legislador debía separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso a partir del 29 de mayo de 2008.

Según la demanda el problema jurídico planteado era:

Establecer, si continuar aplicando el procedimiento penal contemplado en la Ley 600 de 2000 a los casos de investigación y juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia de los miembros del Congreso (art. 235, numeral 3 C.P.) y no el proceso penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004, desconoce o no el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

En ese orden de ideas, la Corte informa en el fallo que el fuero establecido en la Constitución para la investigación y juzgamiento de congresistas se enmarca en un privilegio establecido por el constituyente a fin de que los miembros del órgano legislativo se sometan el máximo órgano de lo penal- Corte Suprema- que puede juzgarlos en una única instancia, evento que no se aplica a los ciudadanos sin fuero parlamentario. Sin embargo, a seguida cuenta, la Corte considera que a pesar de encontrar la norma constitucional, el artículo 235 de la Carta política debe ser interpretado a la luz de las normas internacionales sobre derechos humanos incorporadas a través del artículo 93, en especial hace referencia al artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos y el artículo 14 del PIDCP.

Esta razón lleva a la Corte a instar a que de ahora en adelante y "sin retroactividad" se incorpore un procedimiento de distinción de las funciones de investigación y juzgamiento al interior de la Corte para las futuras investigaciones en contra de parlamentarios.

La Corte Constitucional concluye de la siguiente forma:

Si bien es cierto que la competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso tiene pleno respaldo constitucional, también lo es que el Legislador al establecer el procedimiento a seguir en esos juicios, debe respetar los límites constitucionales, en particular, los postulados y garantías fundamentales de que goza todo procesado, incluida la investigación y el juzgamiento imparcial, en el sentido más amplio que se viene adoptando.
Para la Corte, aunque la norma acusada es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta sentencia y para el procesamiento de las conductas punibles cometidas de ahora en adelante, se separe dentro del propio ámbito del juez natural de los miembros del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia, la función de investigación de la de juzgamiento, de manera que en ésta no participe ningún magistrado que haya adelantado aquélla, la cual será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario diferente vinculado a la propia corporación, según se determine en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 superior.
A mi juicio, la decisión plantea tres reflexiones que coinciden con lo planteado por el magistrado Humberto Sierra Porto en su salvamento de voto:

1. No tiene sentido considerar que la ley penal debe aplicarse hacia el futuro con las garantías planteadas por la Corte- distinción entre investigación y juzgamiento- y, por otro lado, plantear una limitación al principio de favorabilidad para los condenados y para los investigados con el sistema cuestionado por la Corte. O todos en la cama o todos en el suelo.

2. No se entiende como la Corte considera que los procesos adelantados por la CSJ con anterioridad a la sentencia se ajustaron a derecho, pero a seguida cuenta considera que a partir del 29 de mayo se debe tener un nuevo direccionamiento para ajustarlo a los compromisos de Colombia frente al Derecho Internacional de los derechos humanos. Es decir, quedar bien con todos al mismo tiempo....

3. No se entiende que pasará al interior de la Corte Suprema de Justicia con esta decisión en la medida que el Congreso no expedirá prontamente la ley regulando el asunto por el mismo problema de la parapolítica que lo afecta. De igual forma, tampoco sería viable que la CSJ pudiera modificar su arquitectura institucional porque su accionar no está dado por ley, sino la misma constitución se lo prescribe.

La respuesta a estos tres comentarios plantea seriamente la posibilidad de que los órganos internacionales de derechos humanos, bien la Comisión Interamericana de derechos humanos a través de una petición o de medidas cautelares o bien el Comité del PIDCP, puedan zarjar esta cuestión.

Véase la nota del profesor Gonzalo Ramírez en http://iureamicorum.blogspot.com/

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