domingo, 8 de junio de 2008

Sentencia de la Corte Interamericana: Caso Kimel c. Argentina

Por: Francisco Barbosa Delgado

La Corte Interamericana de derechos humanos se pronunció a través de una sentencia de fondo, reparaciones y costas, el pasado 2 de mayo en el caso Kimel c Argentina sobre los límites de la libertad de expresión. Por ser un tema que me interesa por la confluencia con mi investigación doctoral plantearé algunas reflexiones, no sin antes relatar los hechos y los antecedentes de la decisión.


En la decisión se informa que "el señor Eduardo Gabriel Kimel es un “conocido periodista, escritor e investigador histórico”, quien habría publicado varios libros relacionados con la historia política argentina, entre ellos “La masacre de San Patricio”, en el que expuso el resultado de su investigación sobre el asesinato de cinco religiosos. El libro criticó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios, entre ellas un juez. Conforme a lo expuesto por la Comisión, el 28 de octubre de 1991 el Juez mencionado por el señor Kimel promovió una querella criminal en su contra por el delito de calumnia, señalando que “si bien la imputación deshonrosa hecha a un Magistrado con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones constituiría desacato en los términos del artículo 244 del Código de Fondo, hoy derogado, la específica imputación de un delito de acción pública configura siempre calumnia”. Luego de concluido el proceso penal, el señor Kimel fue condenado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones a un año de prisión y multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia".

Ante esta circunstancia la víctima acudió a la CIDH alegando la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 13 (Libertad de Expresión) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Asimismo, solicitó que se ordenaran determinadas medidas de reparación.

La CIDH remitió el caso a la Corte y esta consideró que la República Argentina había violado los artículos indicados en el caso. Sobre el artículo 13- libertad de expresión- la Corte se pronunció - ya lo había hecho en los casos Olmedo Bustos c. Chile, Ivcher Bronstein c Perú, Herrera Ulloa c Costa Rica, Ricardo Canese c Paraguay, Palamara Iribarne c. Chile, y en la Opinión consultiva No. 5/85-, profundizando un poco la jurisprudencia en torno a las restricciones indirectas que se imponen a la mencionada libertad. Sobre el particular se concluyó que las tipificaciones penales que permiten proteger la protección a la honra o el derecho a la intimidad son validas en algunos casos.

La pregunta que surge ante esta postura de la Corte que se acerca a la posición de la Corte Europea de derechos humanos, en especial frente al caso MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens y otros c Francia- 24 Octubre/2007, es: ¿Si es valida la existencia de tipificaciones en el derecho penal, en que casos se impone frente a la libertad de expresión?. Esta pregunta es abordada por la Corte, al realizar un test de proporcionalidad de la medida. Así, entonces, la Corte luego estudiar la idoneidad, la necesidad- si el Estado tiene otras alternativas de protección de la privacidad y la reputación menos restrictivas que la aplicación de una sanción penal-y finalidad de la restricción, concluye que se violó la libertad de expresión contra Kimel.

Para la Corte, el derecho penal no debe ser proscrito frente a la libertad de expresión, pero debe ser minimizado frente a la posibilidad de sancionar los excesos de ese abuso a la libertad de expresión.

Sobre este punto resalta:

que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita . La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.

el principio de mínima intervención penal característico de una sociedad democrática, el empleo de la vía penal debe corresponder a la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductas que impliquen graves lesiones a dichos bienes, y guarden relación con la magnitud del daño inferido. La tipificación penal de una conducta debe ser clara y precisa, como lo ha determinado la jurisprudencia de este Tribunal en el examen del artículo 9 de la Convención Americana.

El presidente del Tribunal Colegiado Sergio García Ramírez indica retomando su voto razonado en el caso Herrera Ulloa que es necesario establecer para estos casos un derecho penal mínimo, con sanciones civiles o administrativas para los infractores.

Al fin de cuentas, una decisión que vuelve a poner en discusión los límites y las restricciones sobre la libertad de expresión que según la misma postura de la Corte Interamericana es el pilar sobre que el que se asienta la democracia.

Nota: En Colombia, el asunto tiene actualidad por la persecución judicial que vive el periodista Alfredo Molano por parte de la familia Araujo.

Ver Sentencia http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=287

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