sábado, 13 de septiembre de 2008

Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH: Caso Corte Primera de lo contencioso c. Venezuela


Por: Francisco Barbosa Delgado

La Corte Interamericana de derechos humanos en sentencia del pasado 5 de agosto de 2008 condenó a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de la Convención Americana de Derechos humanos en sus artículos 8, 25, 1 y 2. El caso es interesante por cuanto plantea la discusión del respeto que debe otorgársele al poder judicial. El caso ventilado ante la Corte tuvo que ver con " la destitución por parte de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de los ex-jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera el 30 de octubre de 2003, por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un amparo cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el registro de una compraventa".

La destitución de los magistrados según la Corte violó varios derechos consagrados en la Convención, entre ellos, el debido proceso en la medida que, aunque los jueces se encontraban en provisionalidad fueron destituidos a través de un acto administrativo no motivado, la interposición de recursos de revisión fueron infructuosos, existió una omisión legislativa en cuanto a que al año siguiente de la expedición de la Constitución debió promulgarse un Código de ética y hubo una negativa a decretar pruebas relevantes solicitadas por las partes en la causa.

La Corte, en la providencia, realizó un estricto análisis probatorio desvirtuando parte de los alegatos planteados por la Comisión Interamericana en lo atinente a un atentado contra la independencia del poder judicial. Sin embargo, encontró la Corte que en una sentencia de la Corte Primera -sentencia de 21 de agosto de 2003- con los salvamentos de voto de las magistradas Marrero y Morales, en el caso conocido como “Plan Barrio Adentro”, el Presidente Chavez arremetió contra los jueces, toda vez que la providencia tenía relación con la exigencia por parte del Tribunal de revalidación del título de médico a los extranjeros que ayudaran a desempeñar funciones médicas de acuerdo al plan de salud de Venezuela. Eso enfureció al Presidente.

En ese sentido la Corte concluyó sobre ese punto: "1) se removió a los magistrados de una alta corte venezolana, como lo es la Corte Primera, encargada de controlar los actos de la Administración y, tras la remoción, dicha corte quedó sin magistrados durante varios meses, lo cual claramente debilita la mencionada función de control; 2) la destitución se produjo luego de que la mayoría de la Corte Primera adoptó una sentencia que fue severamente criticada por las más altas esferas del Gobierno, arguyéndose que las víctimas no debían ser magistrados y manifestándose públicamente que la sentencia sería desacatada; 3) la destitución también se produjo después de que se llevara a cabo un proceso penal, una investigación disciplinaria y se suspendiera provisionalmente a dos de las víctimas, todo ello por un hecho que posteriormente fue calificado por el más alto tribunal del país como una “práctica común” que no es considerada ilícita en Venezuela; 4) por ese mismo hecho, también se procedió a un allanamiento desproporcionado a las instalaciones de la Corte Primera, y 5) finalmente, la destitución se produjo luego de que la máxima autoridad del Gobierno calificó a las víctimas de “vendidos a los intereses de la oposición golpista".

En segundo punto, la CORIDH consideró que se violó el artículo 25 de la Convención toda vez que el recurso sencillo y rápido- acción de amparo- interpuesto fue resuelto en 256 días, tiempo que se constituye en una violación al criterio de "plazo razonable" desarrollado tanto en el Sistema Interamericano como en el Europeo. En este punto, el Estado venezolano no demostró los estándares de la noción de "plazo razonable": complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y actividad de las autoridades judiciales.

La Corte luego de descartar la violación del artículo 24- derecho a la igualdad-, y artículo 23-acceso a cargos públicos, procede a fijar las reparaciones- perjuicios materiales- daño emergente y lucro cesante-, perjuicios morales- daño moral y medidas de satisfacción y no repetición-.

Esta sentencia que me trae a la mente la sentencia de la Corte Interamericana Tribunal Constitucional c. Perú- 31/01/2001 en la cual se planteó una advertencia a los Estados en cuanto al respeto por la división de los poderes públicos. Es importante que se entienda que los principios de independencia y autonomía judicial existen. Las mismas altas esferas de la rama judicial en nuestros países los desconocen, al igual que los órganos ejecutivos.

En fin otra sentencia que otorga nuevos estándares de derechos humanos en nuestro continente y, con ello, produce un nuevo empuje hacia la civilidad.


Veáse Sentencia:

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

No hay comentarios.: