viernes, 17 de octubre de 2008

Corte Constitucional SU-1008/08: sanciones pecuniarias de las empresas de servicios públicos domiciliarios

Por: Francisco Barbosa Delgado

El 16 de Octubre de 2008, la Corte Constitucional de Colombia profirió una sentencia en la cual se consideró que las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la facultad de imponer sanciones pecuniarias consistentes en cobro de sumas de dinero que van más allá de la contraprestación por el servicio consumido. Debe indicarse remarca la Corte que estos valores " fueron facturados luego de realizar procesos administrativos que concluyeron con la expedición de “decisiones empresariales” en las que se declaró el incumplimiento del contrato de condiciones uniformes. La Corte agregó que la acción es arbitraria y abusiva.

La decisión es interesante porque le pone freno al abuso de esas entidades. Empero se queda corta por cuanto el concepto de servicio público- inherente a la función social del Estado-artículo 365 de la CP- debe tener una aplicación práctica. La existencia de esa noción limita la facultad de las empresas de servicios públicos de actuar como si fueran bancos o casinos, es decir, en el mundo del "todo se vale," sin intervención estatal. La Superintencia de Servicios Públicos Domiciliarios demuestra cada día que estorba en el tipo de Estado que existe en Colombia.

La sentencia de la Corte debió ir más allá y decir que cuando exista un problema jurídico entre un particular y una empresa de servicios públicos domiciliarios respecto al no pago de los servicios públicos, no debería ser posible cobrar intereses, sino el valor del servicio prestado y la indexación por inflación.

La desesperanza de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios- TMC y Trunking- en Colombia es total. No hay estatuto de protección al usuario y los organismos creados para proteger a los mismos, son una burla cuya normatividad reafirma el proceso liberalizador en Colombia. Un ejemplo, es la multa de $50.000.000 al Banco Santander por la tomadera de pelo en cuanto a la facturación de sus clientes. Una cifra irrisoria para un Banco.

En estos días hablando con un colega de la Universidad de Nantes me decía que la reforma de la Constitución francesa tomó elementos que tenemos en nuestros países como la acción de constitucionalidad general y que valdría la pena analizar la reglamentación. En igual sentido, me planteó que lo único que no existía era la acción constitucional de tutela o amparo. Mi respuesta fue que los juristas nos embelezamos con las instituciones jurídicas. Tener Corte Constitucional está de moda, sobre todo en Estados donde no existe Estado bienestar. Tener acciones de tutela también es una forma de estar a la moda, le indique. Al final añadí: "En Colombia gran parte del uso de la tutela se vincula a la violación del derecho a la salud y a la educación y eso está bien porque no existen políticas públicas". Me miró a los ojos y me indicó: "De acuerdo acá no necesitamos esas acciones".

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Buen post recomiendo colgarlo en el colecti blog para discutirlo también con los blawgeros ... abrazos

Gonzalo

fbarbosa dijo...

Colgado, Abrazos,

Francisco

Gaviota dijo...

Esto reaifrma un poco mi posición acerca de la pobreza jurídica en nuestro país. Multar a un banco con 50 millones de pesos es tan ridículo como "sermonear" a una persona dormida.

De acuerdo con las opiniones expresadas.

Saludos.