viernes, 7 de noviembre de 2008

Corte Constitucional: T-576/08: Reparación simbólica y dimensión objetiva de los derechos

Por: Francisco Barbosa D

Una de las decisiones que había olvidado comentar y que me parece de gran importancia es la decisión de tutela T-576/08 de la Corte Constitucional. En esta decisión el Tribunal Constitucional tuteló la familia del menor Daniel Felipe Rivera contra la E.P.S SaludCoop por la muerte del menor, merced a una falta de asistencia médica especializada que Daniel necesitaba. El Tribunal observó la violación de los derechos del niño a la salud, a la vida, a la dignidad y a la integridad personal y los derechos constitucionales de la madre a (i) elegir la IPS que podía prestar un servicio de salud de mayor calidad y eficacia dados los padecimientos sufridos por el niño y la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud; (ii) optar por la maternidad, (iii) conformar una familia; (iv) recibir una protección especial del Estado al ser madre cabeza de familia, (v) a la integridad personal, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad.


En el fallo, la Corte advierte que no puede tutelar la dimensión subjetiva de los derechos desconocidos del menor, por lo que se tuteló su dimensión objetiva, poniendo énfasis en que los menores gozan de especial protección dentro de la Constitución- art.44 de la C.P-, frente a actos, bien del Estado o bien de los particulares. Ahora bien, más allá de la consuetudinaria vergüenza de las EPS Colombianas- lo prueban el enorme cúmulo de acciones de tutela-, y de lo doloroso del fallo, debe rescatarse del fallo varios aspectos, a saber:

1. De nuevo se incluye el concepto de "Confianza Legítima" en tanto que a la madre se le informó por parte de la E. P. S. que se adoptarían las medidas oportunas y pertinentes para curar a su hijo. Este principio se relaciona con el principio de continuidad en el servicio público de salud.

2. La Corte recuerda que el Estado compromete su responsabilidad no solo de acuerdo a sus normas nacionales, sino de acuerdo a los estándares internacionales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos debido al carácter inescindible entre el orden interno e internacional. En ese orden de ideas, se va más allá de la acción de los agentes estatales, sino que plantea que el Estado tiene deberes positivos- Posición de Garante-,para asegurar la protección efectiva de los derechos en las relaciones entre las personas y, en especial, de quienes se encuentran en condiciones especiales de vulnerabilidad.

3. Recuerda que cualquier acción u omisión del Estado colombiano- ejecutivo, legislativo o judicial, compromete la responsabilidad internacional del Estado en cuanto al campo de los derechos humanos, lo que simplemente ratifica lo que en múltiples ocasiones la jurisprudencia y la doctrina ha expresado.

4. Se aborda la distinción entre la dimensión subjetiva y objetiva de los derechos humanos indicando que la primera tiene relación con la capacidad de proteger los derechos de la víctima directa. La segunda tiene relación con la tutela debida hacia la víctima indirecta y hacia la sociedad, para que se conozca la verdad por parte de la sociedad y existan, como lo ha dicho la Corte Interamericana, garantías de no repetición.

5. Por último, la Corte Constitucional obliga a la E.P.S SaludCoop a "que en reconocimiento de su responsabilidad por la no protección de los derechos constitucionales fundamentales de los niños y de las niñas dentro del término de seis meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia (i) cuelgue una placa de 50 centímetros por 70 centímetros en lugar destacado y visible a la entrada de todas las Clínicas de SaludCoop E. P. S. en Colombia en las que destaque de manera clara y expresa la obligación en cabeza de las personas que prestan atención en salud a nombre de SaludCoop E. P. S. de proteger en todo momento los derechos constitucionales de las niñas y de los niños y, especialmente, sus derechos constitucionales a la salud y a la vida en condiciones de calidad y de dignidad; (ii) cree un sistema para financiar una beca anual por el lapso de diez años con el nombre de Daniel Felipe Rivera destinada a beneficiar a alguno (a) de los/las mejores profesionales egresados (as) de las Facultades de Medicina del País interesado (a) en efectuar estudios de investigación en temas relacionados con urgencias infantiles en Centros Universitarios Acreditados Institucionalmente con el fin de que, una vez finalizados los estudios, estos (as) profesionales presten sus servicios en las clínicas de SaludCoop E. P. S. (iii) establezca un Protocolo para la Atención de Urgencias Médicas en sus Clínicas orientado a fijar prioridades así como a exigir efectividad, calidad y rapidez en la atención de los/las pacientes e instruya respecto del mismo a todo su personal administrativo y médico". Esta decisión se aproxima al concepto de "reparación" desarrollado por la Corte Interamericana de derechos humanos. La decisión del tribunal constitucional colombiano plantea de forma honesta la importancia del derecho internacional de los derechos humanos en la legislación colombiano.

Esperemos que no haya más Daniel Felipes o personas que mueran sin atención y que las E.P.S tomen nota de esta decisión y la respeten. Paz en su tumba.

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