miércoles, 4 de marzo de 2009

Sentencia de Tutela, T-058 de 2009 de la Corte Constitucional: Desata controversia entre ETB y Telefónica y enjuicia los excesos de la CRT

El 2 de Febrero de 2009 , la Corte Constitucional Colombiana profirió la sentencia T- 058 de 2009 con la cual se desató la acción de tutela instaurada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá- S.A. E.S.P. (en adelante E.T.B) contra Telefónica Móviles Colombia S.A. (en adelante Telefónica), con vinculación oficiosa de Telefónica Móviles Colombia S.A., la Procuraduría Cuarta Judicial Administrativa de Bogotá, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones a propósito de un laudo arbitral. En la decisión, el tribunal constitucional declaró la nulidad del laudo que le dio la razón a Telefónica por considerar que se le violaron a E.T.B sus derechos fundamentales. La controversia se originó en torno al contrato de Acceso, Uso e Interconexión de la red de telefonía pública básica conmutada de larga distancia (RTBCLD) operada por la E.T.B. y de la red telefónica móvil celular (RTMC), operadas en su momento por Celumóvil S.A. y Cocelco S.A. -hoy Telefónica Móviles Colombia S.A.

El problema jurídico giró en torno a tres aspectos (i) la posibilidad de utilización de la acción de tutela contra un laudo arbitral, cuando no se han agotado los recursos propios del procedimiento arbitral ante la existencia de una vía de hecho por parte del tribunal, (ii) la decisión del tribunal de arbitramento sobre la base de actos administrativos proferidos por autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones y (iii) el cuestionamiento de la Corte Constitucional sobre el proceder de la CRT (Comisión de Regulación en Telecomunicaciones).

Con respecto al primer punto, la Corte Constitucional consideró en su decisión que es posible la utilización de la acción de tutela contra laudos arbitrales, siempre y cuando se hayan agotado los recursos del procedimiento arbitral. Sin embargo, su uso se privilegia cuando existe una violación de los derechos fundamentales dentro del proceso o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable. En igual sentido, la Corte enumeró los defectos en los cuales puede incurrir un Tribunal de Arbitramento para que se conciba la tutela como un mecanismo de procedibilidad.

Veamos:

Defecto orgánico, el cual se presenta cuando el árbitro o tribunal que profirió la providencia cuestionada carece por completo de competencia para surtir dicha actuación.

Defecto procedimental, se presenta cuando se adelanta el proceso arbitral por fuera del procedimiento establecido en el acuerdo suscrito por las partes y las normas correspondientes, siempre y cuando dicha irregularidad tenga un efecto definitivo en la decisión.

Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene sustento en el material probatorio allegado al proceso; o de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas necesarias para llegar a una decisión en derecho.

Defecto sustantivo, surge cuando las normas acogidas para tomar la decisión no son aplicables al caso concreto, o la interpretación que de ellas se hace genera un perjuicio a los derechos fundamentales del actor.


Sobre este último defecto, recordó que en la sentencia T-244 de 2007, la Corte precisó sobre el defecto sustantivo en el caso de laudos arbitrales:

En diferentes pronunciamientos, esta Corporación ha delimitado el campo de aplicación del defecto sustantivo en las providencias judiciales, al señalar que se presenta, entre otras razones, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente, o no se encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada inconstitucional, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada, o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

En materia de laudos arbitrales la Corte Constitucional ha afirmado que además de las causales antes señaladas se configura un defecto sustantivo cuando éste carece de motivación material o la motivación es manifiestamente irrazonable. Adicionalmente se ha aseverado que los árbitros cuentan con un margen razonable de interpretación no sólo de las disposiciones legales sino también de las cláusulas contractuales y que en esa medida sólo se produciría una vulneración iusfundamental susceptible de ser subsanada en sede de tutela ante interpretaciones manifiestamente arbitrarias, caprichosas o equivocadas por parte del tribunal.”


Con fundamento en estas consideraciones y tomando en cuenta que tanto el contrato de acceso, uso e interconexión, como el artículo 4.4.15 de la Resolución 087 de 1997 establecieron como mecanismo previo a la integración de un Tribunal de Arbitramento, la constitución de un Comité Mixto de Interconexión y que en el caso no se estableció el Comité, se violaron los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia de E.T.B por la configuración de una vía de hecho por defecto orgánico y sustantivo.

El segundo tema abordado por la Corte se refirió a las facultades del Tribunal de Arbitramento para desatar una controversia entre los operadores, cuando ésta se origina en varios actos administrativos particulares proferidos por la CRT que impusieron al operador E.T.B un sistema de pago para el contrato de interconexión. En ese sentido, según la Corte, “el Tribunal de Arbitramento desbordó la competencia de la justicia arbitral por cuanto a ésta le está vedado pronunciarse sobre los actos administrativos proferidos por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, se conoció por un Tribunal arbitral un asunto que no era de su resorte, ni de su competencia.

En tercer lugar se discutió largamente sobre las facultades de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) frente a los operadores. Sobre este asunto la Corte consideró que la CRT se excedió en sus facultades constitucionales y legales al intervenir en el proceso litigioso entre los dos operadores, generando con su actitud, perjuicios irremediables a E.T.B.

Fue así como tomando en cuenta que E.T.B y Telefónica celebraron el contrato de interconexión y E.T.B quedó obligado al pago de una contraprestación por el servicio de conexión de la red de Telefónica, ésta debía hacerse conforme a las normas legales. Es así como, la CRT había expedido la resolución 463 del 27 de diciembre de 2001, mediante la cual se dispuso que a partir del 1° de enero de 2002 las empresas dueñas de las redes de telecomunicaciones -en este caso Telefónica-, estaban obligadas a ofrecer por lo menos dos opciones de cargos de acceso a los operadores que les demandaran interconexión -en este caso la E.T.B.-: (1) cargos de acceso máximo por minutos y (2) cargos de acceso máximo por capacidad.

Con fundamento en esta norma, Telefónica solicitó a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones imponer a la E.T.B. la obligación de aceptar la modalidad de remuneración relativa al cargo de acceso máximo por minuto. La CRT respondió que la pretensión no era dable, por cuanto era la E.T.B la encargado de escoger cualquiera de las dos opciones. Telefónica interpuso recurso de reposición y al final la CRT le dio la razón, argumentando que como E.T.B había celebrado contratos con otros operadores, utilizando la modalidad escogida por Telefónica, esta debía imponérsele a E.T.B en virtud del principio de integralidad, quitándole de paso a E.T.B la posibilidad de escoger que le daba la resolución expedida por la misma CRT.

La Corte ante esta situación consideró que la CRT carecía de facultades para imponer
“el principio de integralidad” por cuanto permitirlo sería poner en riesgo el contrato de conexión firmado por las partes. En idéntico sentido, la Corte indicó que la CRT no debió imponer normas expedidas con posterioridad a contratos celebrados con anterioridad. En ese sentido, la Corte indicó que: “la Comisión de Regulación, dado que desbordó sus competencias constitucionales y legales y resolvió de manera indebida el caso puesto a su consideración por Telefónica Móviles Colombia S.A., incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, y en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la E.T.B”.

La Corte justifica el análisis de las facultades de la CRT, teniendo en cuenta que la decisión tomada por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones “decidió el fondo del asunto y resolvió las pretensiones incoadas por Telefónica. Con base en esta decisión, el operador celular Telefónica presentó demanda arbitral contra la E.T.B. con la finalidad de que se declarara el incumplimiento de los contratos celebrados en 1998 y de que, en consecuencia, esa Empresa fuera condenada a pagar a Telefónica el valor establecido como cargo de acceso determinado en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 463 de 2001 “Opción 1”, esto es, el cargo de acceso máximo por minutos”.

A mi entender, la argumentación de la Corte es valida porque pone de presente que el asunto, se basó en una decisión administrativa de la CRT que debió ser atacada a través de la vía ordinaria y no arbitral, por fundarse en varios actos administrativos particulares que excluían, de suyo, la competencia del Tribunal. En igual sentido, la Corte atina al decir que los pasos procesales son para cumplirse, es decir, que debió integrarse el Comité mixto de interconexión para efecto de resolver la controversia.

Por último, la Corte Constitucional acierta al considerar que la CRT desbordó sus funciones al imponer mediante una resolución una solución al cobro de la interconexión que ETB le debía pagar a Telefónica por fuera de las normas que la misma CRT expidió. Esta sentencia sirve para que los órganos paralelos como las Comisiones de Regulación, las Superintendencias o la DIAN entiendan que también ellas se encuentran sometidas a la Constitución.

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