martes, 19 de enero de 2010

La sentencia C-931 de 200 de la Corte Constitucional: Una querella entre la historia y el derecho

Entre las últimas sentencias de la Corte Constitucional Colombiana se destaca una muy curiosa, pero que plantea una seria e interesante discusión entre la historia y el derecho.

La sentencia C-931 de 2009- M.p- : Dra. María Victoria Calle Correa abordó la demanda de constitucionalidad contra la ley del 21 de mayo de 1851 sobre la libertad de esclavos. Esta ley tiene un importante contenido histórico por cuanto terminó con la esclavitud formalmente en Colombia. En la ley se establece como otorgar la carta de libertad de los esclavos, el avaluó y la indemnización a los tenedores de esclavos, las funciones de las juntas de manumisión, entre otras aspectos.

La Corte, con justa razón, resolvió inhibirse por considerar que habría carencia actual de objeto de juzgamiento. El razonamiento de la Corte es coherente cuando señala que si “ una norma se encuentra fuera del ordenamiento jurídico en razón de su derogación, bien sea expresa, tácita u orgánica y, en consecuencia, carece de vigencia, no tiene objeto alguno efectuar el pretendido control de constitucionalidad, a menos que tal norma derogada continúe produciendo efectos jurídicos”.

En el caso concreto de la Ley del 21 de mayo de 1851, el tribunal consideró que la misma fue derogada: “ (...) con la expedición de las Constituciones de 1853, 1863, 1886 y 1991, en las cuales se elevó a rango constitucional la prohibición de la esclavitud y la garantía de la libertad personal”. En igual sentido, la Corte anotó que: “(…) el contenido normativo de la ley acusada ya se agotó en su momento, toda vez que sus efectos estaban dirigidos a cumplirse en un lapso de tiempo que debió culminar durante la segunda mitad del siglo XIX. Los destinatarios de esta ley era la población esclava que existía para la época de expedición de la ley demandada, respecto de la cual se declaró su libertad e igualdad de derechos. Hoy en día, es claro que no existen destinatarios de esa ley.”

Hasta hay, todo iba muy bien. Lo que me sorprendió fue que dos magistrados, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas Silva salvaron su voto con el argumentos que la ley del 21 de mayo de 1851 seguía produciendo efectos jurídicos por la existencia de una omisión legislativa relativa. Los efectos para los magistrados se refieren “ al concerniente al goce de los mismos derechos y la asunción de los deberes a cargo de todos los ciudadanos”.

Esta postura de los magistrados ponentes plantea una querella de fondo entre la historia y el derecho consistente en el intento de institucionalizar de forma anacrónica un aspecto de la historia. Un pronunciamiento de la Corte Constitucional con todo el catálogo axiológico valorativo presente, de una ley de manumitión de esclavos de 1851, conllevaría a juzgar una ley y un contexto con las categorías teóricas y jurídicas del presente. La ley de 1851 es una norma que tuvo un sentido en la historia, que ha sido utilizada por los historiadores para dar cuenta de un momento histórico determinado y que tuvo un lugar de producción.

El riesgo de juzgar ese tipo de medidas permitiría institucionalizar el estudio de la historia de forma unidimensional. En Francia, el historiador Pierre Nora ha planteado un debate sobre este particular no contra los jueces, pero si contra el parlamento que en los últimos años ha expedido leyes que reconocen el genocidio de los armenios o el esclavismo en Francia durante los siglos XV,XVI, XVII Y XVIII al tiempo que sancionan penalmente la alteración de esa verdad, decretada por la mayoría en el Parlamento. Con esa medidas los historiadores que tratan de utilizar las categorías de la época, que utilizan registros y archivos de ese tiempo para explicar una problema histórico específico, corren el riesgo de ser penalizados por ese tipo de verdades legales al ser tildados de negacionistas. En el caso colombiano no se ha llegado tan lejos. Esta pifia de los magistrados es parte del corto-circuito que existe entre la Historia y el Derecho, cuando más bien su relación debería basarse en un trabajo conjunto. Sin embargo en los últimos años se hacen a granel “Informes de la verdad” para explicarnos sin matices que pasó en un hecho determinado.

La pregunta final que surge es: ¿Y quien se atreverá a cuestionar la “verdad? Nadie, porque la verdad es única y, entonces, ¿Para que servirá la historia?...

6 comentarios:

Gaviota dijo...

Buenísimo, Francisco.

Estoy de acuerdo en que esos juicios históricos retroactivos carecen de cualquier lógica jurídica. No conozco el texto, pero creo que vale la pena revisarlo para poder detallar ese intento.

Alguna vez escuché que la Historia no existe, y que lo que uno llama Historia no es sino simple historiografía.

Felicitaciones por tan acertado ingreso.

fbarbosa dijo...

Muchas gracias Gaviota. Sobre el estudio de la Historia ha habido un trabajo muy importante por parte de diversas escuelas.

Un fuerte abrazo,

Francisco

José Fernando Flórez dijo...

Francisco: está cordialmente invitado a "Ius Politicum".
http://iuspoliticum.blogspot.com

Gonzalo Ramirez Cleves dijo...

Miraré con atención la sentencia. Interesante la discusión al respecto, gracias por la información puede ser objeto para un artículo más extenso. La Revista de Derecho del Estado estaría gustosa de publicar dichos temas.

Abrazos fuertes,

Gonzalo

Maximiliano Aramburo dijo...

Interesantísima entrada desde diversos puntos de vista. El papel de "la verdad" en el proceso judicial parecía superado.

fbarbosa dijo...

Gracias por el comentario Maximiliano. Te agregaré a mi lista de blogs,

Abrazo,

Francisco