miércoles, 3 de marzo de 2010

Nueva acción de inconstitucionalidad en Francia

A través de la ley orgánica del 10 de diciembre de 2009 se reglamentó una de las grandes reformas constitucionales realizadas en el derecho constitucional francés desde la puesta en marcha de la quinta república configurada a través de la Constitución de 1958. Como se informó hace un tiempo en el blog, la Constitución francesa fue reformada por parte del parlamento en varios aspectos, uno de ellos fue relativa a la configuración de la “Question de priorité de constitutionnalité”- QPI-- acción de inconstitucionalidad, consistente en que cualquier justiciable pueda interponer esta acción- “ question prioritaire de constitutionnalité” ante el Consejo de Estado o la Corte de Casación cuando se consideré que una disposición legislativa viola los derechos y garantías establecidos en la Constitución de 1958.

En el artículo 61-1 de la Constitución se estableció: “Lorsque, à l’ocassion d’une instance en cours devant une jurisdiction, il est soutenu q’une disposition législative porte atiente aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut étre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation” (Si una disposición legislativa viola los derechos y libertades garantizados por la Constitución durante el desarrollo de un proceso judicial, el afectado puede solicitar la inexequibilidad de la norma ante el Consejo Constitucional previa interposición de la acción ante el Consejo de Estado o el Tribunal de Casación, quienes remitirán la acción al Consejo Constitucional.

La ley orgánica que reglamentó la acción indicó que deben cumplirse tres principios: (i) la norma en discusión debe aplicarse al litigio o al procedimiento que constituye el fundamento de la acción en la participa el justiciable, (ii) la disposición legislativa no ha sido conocida por el Consejo Constitucional y (iii) la QPC debe presentar un carácter serio y novedoso.

Esta suerte de acción de inconstitucionalidad plantea en principio dos puntos de reflexión positivos y uno negativo frente al derecho constitucional francés. En cuanto a los positivos, se destaca, en primer lugar, la vinculación de la justicia con el desarrollo de los derechos fundamentales de los justiciables. Esto permite que pueda implantarse un control de constitucionalidad de las leyes por parte de los ciudadanos y no por parte de las mayorías calificadas. En segundo término, la posibilidad de acudir al Consejo Constitucional para intentar un pronunciamiento de constitucionalidad sobre leyes que ya hubiesen sido sancionadas. Esta circunstancia es parte de la lógica que debe tener un Tribunal Constitucional en el desarrollo de sus funciones. Hasta hoy, el Consejo Constitucional definía la constitucionalidad de ciertos proyectos de ley sometidos a su consideración, pero nunca leyes entradas en vigor.

El punto negativo es que la acción de inconstitucionalidad debe pasar por el Consejo de Estado o la Corte de Casación para que éstas, una vez constatado el cumplimiento de los tres requisitos señalados, lo remitan al Consejo Constitucional. El problema de esta postura es que el tercer requisito se refiere al carácter serio y novedoso de la acción, lo que genera una condición subjetiva del Consejo de Estado y la Corte de Casación, constituyéndose en un control judicial formal y material de la acción de inconstitucionalidad.

En fin, una reforma agridulce que pone en marcha una acción de constitucionalidad muy coja que dependerá no de la acción decidida del Consejo Constitucional, sino la motivación de sus colegas del Consejo de Estado y de la Corte de Casación que por celos institucionales, se han mostrado reticentes con la reforma.

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