miércoles, 5 de enero de 2011

Columna de Ernesto Matallana en "El Tiempo": El atraso vial y las implicaciones del actual invierno

A mediados del año 2008, la revista 'Semana', en un artículo titulado 'La hecatombe vial', ya no denunciaba que como consecuencia de la guerrilla los colombianos no podíamos conocer la geografía colombiana; se trataba de otra causa distinta a nuestro conflicto armado: el desastre que generaba la época invernal a las carreteras del país. Para esa época, el invierno ya había dejado 20 muertos, 15 heridos y varios desaparecidos, producto de derrumbes y deslizamientos de tierra y, con respecto al impacto económico, se indicaba que el sector transportador reportaba pérdidas por 60.000 millones de pesos por el bloqueo de 750.000 toneladas.

Pero si el anterior panorama era crítico, el informe denuncia algo todavía más grave, y es la afirmación según la cual teníamos 50 años de retraso vial y que casualmente coinciden con la historia de nuestra segunda violencia armada, derivada del conflicto armado que tenemos con el grupo al margen de la ley más representativo, como son la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Seguramente, el retraso puede derivarse de la historia violenta colombiana, pero creemos que no es la única causa, pues es posible que también se derive de una ineficiente política pública en el sector de infraestructura, en la medida en que, si analizamos la política de las concesiones, casi todas han fracasado por una mala estructuración financiera -sobre todo las de la primera generación, en las carreteables-; claro, sin que se salven las concesiones de la red férrea nacional, tanto del Atlántico como la del Pacífico; y, para completar el panorama, no hay mucha satisfacción con la concesión para la operación del aeropuerto Eldorado, donde el Estado ya tuvo que ceder en el modelo de negocio que inicialmente acordó una remodelación y hoy, supuestamente por necesidades del servicio, se requiere la reconstrucción, lo cual genera un excelente negocio para el concesionario.

Entonces, si para el año 2008 se denunciaba un atraso de 50 años en la infraestructura vial, qué podemos decir hoy, cuando, de acuerdo con información reciente de EL TIEMPO, se encuentra destruida en centenares de kilómetros de carreteras, y todo producto del devastador invierno que estamos viviendo, resultado del efecto climático denominado 'La Niña' y que ha dejado solo muerte y desolación en miles de hogares colombianos, en donde ya se reportan más de dos millones de damnificados, 289 personas heridas, 59 más desaparecidas, más de 448.000 familias desprotegidas y sin un lugar donde pasar la noche, y que se considera como el mayor desastre natural ocurrido en Colombia en los últimos años, que deja pérdidas aproximadas de 10 billones de pesos.

El Presidente de la República se encuentra estructurando su Plan de Desarrollo, para adaptarlo a la reconstrucción del país, y bien lo decía el Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que, si se piensa en reconstruir la infraestructura del país, que ahora sí se haga bien, con buenas especificaciones técnicas, modernas, en resumen, con unos adecuados estudios que planifiquen mejor el futuro del sector.

De todo lo anterior, veo con preocupación que se acerca la época preelectoral y justo en este momento le cae a Colombia este invierno tan inclemente, que ha obligado a todas la autoridades a declarar urgencias manifiestas para atender el desastre basándose en la causal de contratación directa, consagrada en los artículos 42 y 43 de la ley 80 de 1993; sin embargo, ¿será que están los organismos de control preparados para vigilar que los recursos que se ejecutarán directamente por parte de las autoridades nacionales y territoriales sí irán con destino a aliviar la emergencia o, por el contrario, será el campo propicio para financiar las campañas políticas de los futuros alcaldes y gobernadores?

Esto se escribió en 'El Espectador' el 12 de diciembre de 1999, con el título 'El 'top 78' de la corrupción estatal', donde se señalaba que "a través de la contratación administrativa en las entidades oficiales, en los últimos años están refundidos $ 1.39 billones... Los organismos de control tienen identificadas varias conductas clásicas en los procesos de contratación... La primera de ellas es la utilización de la figura de la urgencia manifiesta... Esta permite que se contraten bienes o servicios en las entidades de manera rápida y evitando la licitación pública". La pregunta obligada hoy es: ¿será que esta situación ha cambiado? Recordemos que el último reporte de Transparencia Internacional indica que cuatro billones de pesos se quedan en manos de corruptos. Lo contrario supone que hay un alto riesgo de que, a raíz de la disculpa del desastre que estamos viviendo, recursos de las declaratorias de urgencias sean desviados a otros fines; por lo tanto, le solicitamos a la Contraloría General de la Nación que diseñe una estrategia que permita colocar los controles necesarios para que esto no pase y que sirva de orientador a las contralorías departamentales y municipales, con el ojo vigilante del Auditor General de la República. Como primera medida, debería asumir el ejercicio del control de los actos de declaratoria de urgencia manifiesta, como lo dice la norma, quien ostente la calidad de Contralor, por cuanto se diseñó una segunda instancia, donde la primera se encuentra en cabeza del Secretario General, lo cual dilata el ejercicio de control y por eso encontramos fallos de control de legalidad que demandaron hasta 5 años.

* Docente en la materia de contratación estatal

No hay comentarios.: