lunes, 8 de junio de 2015

Análisis de Francisco Barbosa en "El Tiempo": Cinco acciones para sacar adelante el proceso de paz

El proceso de paz sigue en pie. La crisis generada por el escalamiento del conflicto que ha llevado a la fuerza pública a bombardear territorios y a las Farc a contraatacar (abandonando el cese unilateral al fuego), no ha eliminado la convicción de las partes en La Habana de ponerle punto final a esta guerra.
Este convencimiento es fundamental si se tiene en cuenta que nuestros procesos de paz con las Farc fracasaron, justamente por hechos similares a los presentados las últimas semanas. Recordemos que durante el gobierno de Belisario Betancur, la reticencia de los militares llevó al fin del proceso. Esa fue la causa de la salida del exministro de Defensa, el general Fernando Landazábal Reyes.

Luego entre los años 1991 y 1992, se malograron las negociaciones con el gobierno de Cesar Gaviria en Tlaxcala (México) y Caracas (Venezuela). El secuestro y muerte del exministro Argelino Durán Quintero detonó la ruptura de los diálogos. La desconfianza era la regla entre las partes. El recuerdo del bombardeo de Casa Verde, municipio de la Uribe (Meta), sede las negociaciones de las Farc durante los gobiernos de Betancur y Barco, el 9 de diciembre de 1990 era punto de honor de las Farc.
En el 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el secuestro de un avión en el que iba el senador y Presidente de la Comisión de Paz, Jorge Eduardo Gechem Turbay que luego fue secuestrado, dio al traste con una nueva y controvertida iniciativa de paz.
Ahora, cuando ‘los enemigos agazapados de la paz’ como los denominó el recientemente fallecido Otto Morales Benítez en 1983, se solazan y felicitan de ver otro proceso de paz en desgracia, debe celebrarse que las partes no se hayan parado de la mesa respetando el acuerdo del 26 de agosto de 2012 que plantea la ininterrupción de las negociaciones, aún en casos como los ocurridos.
Esta perspectiva positiva no es obstáculo para enfocarse en los desafíos del proceso de paz después de la lamentable muerte de 53 colombianos de ambas partes- 41 guerrilleros, 11 militares y 1 policía- en los últimos días.
En primer término, debe buscarse un cese al fuego bilateral como alternativa necesaria para desescalar el conflicto. Esta medida es fundamental porque le hace mucho daño al proceso la muerte de soldados y guerrilleros, sobre todo, por la dialéctica de paz que se ha logrado consolidar. Por ahora, el retorno de las Farc al cese al fuego unilateral sería una excelente noticia para miles de colombianos que han comenzado a desplazarse a cabeceras municipales en las regiones donde se concentran los bombardeos y las retaliaciones.
Un segundo aspecto, tiene que ver con lograr el acuerdo sobre las víctimas. Las Farc y el Gobierno han demostrado interés en cerrar este punto. El meollo de la justicia transicional está allí. Si se puede mostrar un acuerdo en este aspecto estaríamos ad portas de un paso histórico: el fin del conflicto.
Un tercer desafío debe ser la puesta en marcha del proceso de desminado que se aprobó por parte de la subcomisión técnica. Este acuerdo significa, ni más ni menos que poner de acuerdo a quienes se han enfrentado militarmente en los últimos 50 años: militares y guerrilleros. Acordar este punto, llevará a que por primera vez en la historia colombiana, tanto los unos como los otros trabajen mancomunadamente en la búsqueda de un objetivo común que es desminar territorios de guerra. Ese es uno de los aspectos que debe incluirse en el componente de garantías de no repetición de este odioso conflicto. El caso exitoso del desminado conjunto en el Orejón (Antioquia) es una prueba de la posibilidad del acuerdo.
Un cuarto desafío atañe a la justicia transicional y prospectiva. Es una realidad que las partes deben ponerse de acuerdo en adoptar la doctrina del “margen nacional de apreciación” para aplicar criterios de justicia, alejados de aspectos meramente retributivos o carcelarios. Allí estarán los elementos de la justicia transicional y prospectiva a través de la verdad, reparación, garantías de no repetición y reconocimiento de responsabilidad de las partes. Incorporar estos elementos armoniza nuestro acuerdo de paz con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. En ese sentido, la Comisión de esclarecimiento o de verdad será esencial para avanzar.
Por último, debe establecerse que las salvedades y el contenido del acuerdo se someta al pueblo a través de la expedición de una ley que convoca la Asamblea Nacional Constituyente para discutir la parte orgánica de la Constitución. Esta decisión dotará al proceso de una legitimidad democrática- más de 11 millones de personas- que lo blindará de los órganos constituidos y de las intervenciones del derecho internacional.
El camino no es fácil. Sin embargo, las formulas están y las partes deberán pensar en un país que exige manifestaciones de concordia, sensatez y responsabilidad de las partes. No puede aplazarse la paz. No podemos permitirnos continuar siendo un ejemplo de la barbarie en este planeta. Tenemos que entrar al siglo XXI.
FRANCISCO BARBOSA
@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com
Ph D en derecho Público (Universidad de Nantes (Francia) y profesor Universidad Externado de Colombia.

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