lunes, 22 de junio de 2015

Artículo en El Tiempo de Francisco Barbosa: La Comisión de la Verdad, ¿por qué es clave para la paz?

La creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición es fundamental para el proceso de paz.
Su funcionamiento se hará realidad cuando se logré un acuerdo sobre los puntos que faltan en la mesa: víctimas, justicia y, por supuesto, legitimación democrática de los acuerdos.

Sin embargo, una escalada de hostilidades, como la que se vive actualmente, con el aprovechamiento de enemigos de la reconciliación, podría llevar al traste la iniciativa.
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos tendrá que cerrar filas para establecer una política nacional de paz, sin dejarse afectar por las voces que claman por el fin de la negociación.
Las Farc, por su parte, deben dejar de afectar al pueblo colombiano a través de ataques como los producidos en los últimos días. Las partes deben parar ya y acordar un fin de esta brutal escalada militar a través de un cese verificable de hostilidades con acompañamiento de los países veedores del proceso.
El funcionamiento de la Comisión tendrá como objetivo desentrañar la verdad ─elemento esencial de la justicia transicional─, ser el escenario para que las partes reconozcan su responsabilidad y plantear los objetivos para la concreción de las garantías de no repetición.
Al final de su tarea, deberá ofrecer unas recomendaciones para que se materialice el perdón, se produzcan sanciones para ejercer cargos públicos, se establezcan compromisos de reconstrucción de tejidos sociales en territorios afectados y se provoque un desminado focalizado, entre otras medidas. Su conformación será plural, consonante a lo indicado en la mesa y deberá representar diversos sectores del país. La pluralidad será sinónimo de cohesión y dignificación social.
Para llegar al escenario planteado es necesario que se logren acuerdos parciales sobre los puntos restantes, teniendo en cuenta el itinerario de desgaste, la escalada de las hostilidades y la falta de información de la ciudadanía sobre lo que pasa en la Habana.
Del mismo modo, en el capítulo de la justicia debe acogerse la doctrina del margen nacional de apreciación, con lo cual un conflicto que es único en el continente y que tiene un complejo entorno histórico podría prescindir de la típica justicia retributiva para abordar los componentes de justicia transicional, uno de los cuales es la verdad sobre lo ocurrido en esta mala herencia histórica que hemos recibido los colombianos.
Una vez se firme el acuerdo se procede al desarme de la guerrilla y la Comisión de la Verdad se pone en funcionamiento. Es necesario cambiarle la cara a nuestro destino. Ojalá se pueda.

Foto: Eliana Aponte /EL TIEMPO
Experiencias comparadas: Guatemala, Salvador y Sudáfrica
Las Comisiones de la Verdad han sido recurrentes en momentos que le ponen fin a un conflicto. Se pueden contar más de 20 en el mundo. Colombia debe mirar con detenimiento tres que a mi juicio son relevantes ─a pesar de la insularidad de su conflicto─, para aprender de las virtudes y también de sus errores.
Las tres comisiones son Salvador, Guatemala y Sudáfrica. La primera, se estableció para resolver un conflicto armado que azotó el pequeño país centroamericano de 1980-1991 y que produjo más de 75,000 muertos.
Su funcionamiento se dio luego de firmado el acuerdo de paz, el 27 de abril de 1991 en México. Entre sus objetivos se destacan proponer reformas y medidas de reparación, permitiendo algunas atribuciones judiciales. Luego de ocho meses de trabajo, tiempo insuficiente para recoger la información pertinente, terminó su labor.
Al final, las recomendaciones fueron aceptadas a medias por una parte del establecimiento y se produjo una ley de amnistía general ─cinco días después de publicado el informe─. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la rechazó en el caso “El Mozote”.
En Guatemala, el conflicto era más complejo. El trasfondo de la guerra era de carácter xenofóbico y produjo un genocidio contra el pueblo Maya.
En el marco de la firma del Acuerdo de paz en la ciudad de Oslo (Noruega), el 23 de junio de 1993, se produce una amnistía condicional y se establece una Comisión de Esclarecimiento Histórico. A diferencia del caso salvadoreño, su trabajo, que duró 18 meses, se enfocó en desentrañar el largo conflicto (1962-1996) con miras a la construcción de medidas de reconciliación.
Como en el caso salvadoreño, la inexistencia de cohesión nacional llevó a las autoridades de ese país a desconocer en parte lo establecido en las recomendaciones por la Comisión a pesar de su naturaleza extrajudicial.
Por último, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica plantea un interesante paradigma para tener en cuenta. Su convocatoria y funcionamiento ─a pesar de la complejísima estructura del apartheid─ fue rodeada y apoyada por las partes, permitiendo una proyección del discurso de paz en una sociedad afectada por un conflicto histórico que duró desde 1960 hasta 1994.
Sus objetivos como los de los países precedentes fueron: promover unión nacional, reconciliación, determinar las causas de violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy “justicia transicional”. Contrario a los casos centroamericanos, en este conflicto el nivel de cumplimiento de las recomendaciones fue alto, al punto que el Comité de Amnistías aprobó solamente aquellas producto de una verdadera colaboración con la Comisión.
El caso colombiano es diferente por la naturaleza del conflicto. No obstante, es menester poner sobre la mesa algunos elementos planteados para no cometer los mismos errores vividos en otras experiencias transicionales.
Ideas sobre elementos de la Comisión de la Verdad en Colombia
Para efecto de consolidar las ideas centrales de la Comisión tendría que tenerse en cuenta varios aspectos que son necesarios para avanzar en este tipo de iniciativas.
En primer término, tomar en consideración el informe 'Basta ya' publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los informes de la Comisión de Historia y del Conflicto que aunque no son unificados, de ellos se extraen dos categóricas conclusiones:1. la existencia de responsabilidad de las partes en el conflicto y 2.la constatación de un conflicto armado con diferentes grados y escalas en los más de 50 años de guerra en Colombia.
En segundo término, el gobierno y las Farc deben crear una política unificada de paz, con discursos de reconciliación en todas sus instancias. La labor de la Comisión deberá ser respaldada por las partes y promovida en la sociedad. Sembrar la paz es una condición esencial para generar acompañamiento de la gente.Debe recordarse que son los ciudadanos quienes tendrán la última palabra frente al proceso.
De lo que se trata en últimas es de “legitimidad democrática”. Esta tarea es esencial. El hecho de que el proceso pase por un mal momento, no implica que los colombianos no acepten la paz. Recordemos que durante la década del ochenta, el M-19 participó en actos deleznables como la toma del Palacio de justicia (1985) y el secuestro del político conservador Álvaro Gómez Hurtado (1988). La opinión pública de la época no tenía afecto alguno por los guerrilleros. Tres años después, en 1991, ese grupo fue parte importante de la Asamblea Nacional Constituyente. Hechos como estos demuestran que la opinión pública es voluble frente a los discursos de paz o guerra.
Un tercer punto tendrá que ver con la composición de la Comisión. En principio, el negociador Humberto de la Calle indicó que serán 11 personas de reconocida independencia, elegidas por un Comité acordado por las partes en un periodo de tres años. Las 11 personas deben ser reconocidos miembros de la sociedad en diferentes segmentos. En ese punto, la partes podrían tomar como ejemplo la manera como se configuró la Comisión de la Verdad en Sudáfrica.
Por último, debe reiterarse que no es una Comisión extrajudicial. Sin embargo, recogerá testimonios de víctimas, victimarios, establecerá contextos y, con ello, determinará responsabilidades personales y colectivas, sin incidencia penal.

Foto: Eliana Aponte /EL TIEMPO
Estas responsabilidades deberán concretarse en recomendaciones para la labor de verificación y acatamiento de las partes en el posconflicto. Quienes no cuenten la verdad y su responsabilidad, quedarán por fuera de los beneficios que se acuerden en el marco de la justicia transicional. Por ello, debe rodearse la Comisión para evitar que se presente un rechazo a las recomendaciones, como ocurrió en Salvador y Guatemala con las fuerzas armadas y los partidos políticos de derecha.
Con la Comisión de la Verdad habrá justicia transicional
La justicia transicional es un elemento esencial de la Comisión para el Esclarecimiento a la Verdad. El acuerdo de justicia previo al funcionamiento de la Comisión debería indicar que quien diga la verdad, acepte la responsabilidad, repare las víctimas y se reconcilie con ellas podrá ser beneficiado de mecanismos de justicia transicional. Si las partes no se someten a la Comisión no podrán ser beneficiados de las medidas. Esa sería la condición para establecer un camino distinto a la retribución o pena de prisión.
La justicia transicional es un elemento esencial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. El acuerdo de justicia previo al funcionamiento de la Comisión debería indicar que quien diga la verdad, acepte la responsabilidad, repare las víctimas y se reconcilie con ellas podrá ser beneficiado de mecanismos de justicia transicional. Si las partes no se someten a la Comisión no podrán ser beneficiados de las medidas. Esa sería la condición para establecer un camino distinto a la retribución o pena de prisión.
La esencia de la Comisión -a pesar de ser extrajudicial- es la de sembrar lo que discutíamos en estos días con el jurista Juan Daniel Jaramillo: la “Justicia prospectiva” es decir permitir que las generaciones futuras tengan parámetros de acción distintas a las generaciones pasadas y presentes. Cambiar los valores de guerra y conflicto por los de la paz.
El infierno que hemos vivido debemos dejar de sufrirlo. Traigo a la memoria un diálogo del Kublai Kan con el veneciano navegante Marco Polo en un hermoso libro de Italo Calvino llamado “Las ciudades invisibles”. En él se habla de cómo escapar del infierno que nos rodea.
Marco Polo indica: “Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio”.
Llegó la hora de hacer durar el discurso de paz en medio del infierno, pero para ello necesitamos acciones de paz. El presidente Santos ha mantenido el diálogo, las Farc deben escuchar el clamor ciudadano y parar. De lo contrario, será tarde.

FRANCISCO BARBOSA
Profesor e investigador
Universidad Externado de Colombia
Ph.D. en Derecho Público (Université de Nantes, Francia)

lunes, 8 de junio de 2015

Análisis de Francisco Barbosa en "El Tiempo": Cinco acciones para sacar adelante el proceso de paz

El proceso de paz sigue en pie. La crisis generada por el escalamiento del conflicto que ha llevado a la fuerza pública a bombardear territorios y a las Farc a contraatacar (abandonando el cese unilateral al fuego), no ha eliminado la convicción de las partes en La Habana de ponerle punto final a esta guerra.
Este convencimiento es fundamental si se tiene en cuenta que nuestros procesos de paz con las Farc fracasaron, justamente por hechos similares a los presentados las últimas semanas. Recordemos que durante el gobierno de Belisario Betancur, la reticencia de los militares llevó al fin del proceso. Esa fue la causa de la salida del exministro de Defensa, el general Fernando Landazábal Reyes.

Luego entre los años 1991 y 1992, se malograron las negociaciones con el gobierno de Cesar Gaviria en Tlaxcala (México) y Caracas (Venezuela). El secuestro y muerte del exministro Argelino Durán Quintero detonó la ruptura de los diálogos. La desconfianza era la regla entre las partes. El recuerdo del bombardeo de Casa Verde, municipio de la Uribe (Meta), sede las negociaciones de las Farc durante los gobiernos de Betancur y Barco, el 9 de diciembre de 1990 era punto de honor de las Farc.
En el 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el secuestro de un avión en el que iba el senador y Presidente de la Comisión de Paz, Jorge Eduardo Gechem Turbay que luego fue secuestrado, dio al traste con una nueva y controvertida iniciativa de paz.
Ahora, cuando ‘los enemigos agazapados de la paz’ como los denominó el recientemente fallecido Otto Morales Benítez en 1983, se solazan y felicitan de ver otro proceso de paz en desgracia, debe celebrarse que las partes no se hayan parado de la mesa respetando el acuerdo del 26 de agosto de 2012 que plantea la ininterrupción de las negociaciones, aún en casos como los ocurridos.
Esta perspectiva positiva no es obstáculo para enfocarse en los desafíos del proceso de paz después de la lamentable muerte de 53 colombianos de ambas partes- 41 guerrilleros, 11 militares y 1 policía- en los últimos días.
En primer término, debe buscarse un cese al fuego bilateral como alternativa necesaria para desescalar el conflicto. Esta medida es fundamental porque le hace mucho daño al proceso la muerte de soldados y guerrilleros, sobre todo, por la dialéctica de paz que se ha logrado consolidar. Por ahora, el retorno de las Farc al cese al fuego unilateral sería una excelente noticia para miles de colombianos que han comenzado a desplazarse a cabeceras municipales en las regiones donde se concentran los bombardeos y las retaliaciones.
Un segundo aspecto, tiene que ver con lograr el acuerdo sobre las víctimas. Las Farc y el Gobierno han demostrado interés en cerrar este punto. El meollo de la justicia transicional está allí. Si se puede mostrar un acuerdo en este aspecto estaríamos ad portas de un paso histórico: el fin del conflicto.
Un tercer desafío debe ser la puesta en marcha del proceso de desminado que se aprobó por parte de la subcomisión técnica. Este acuerdo significa, ni más ni menos que poner de acuerdo a quienes se han enfrentado militarmente en los últimos 50 años: militares y guerrilleros. Acordar este punto, llevará a que por primera vez en la historia colombiana, tanto los unos como los otros trabajen mancomunadamente en la búsqueda de un objetivo común que es desminar territorios de guerra. Ese es uno de los aspectos que debe incluirse en el componente de garantías de no repetición de este odioso conflicto. El caso exitoso del desminado conjunto en el Orejón (Antioquia) es una prueba de la posibilidad del acuerdo.
Un cuarto desafío atañe a la justicia transicional y prospectiva. Es una realidad que las partes deben ponerse de acuerdo en adoptar la doctrina del “margen nacional de apreciación” para aplicar criterios de justicia, alejados de aspectos meramente retributivos o carcelarios. Allí estarán los elementos de la justicia transicional y prospectiva a través de la verdad, reparación, garantías de no repetición y reconocimiento de responsabilidad de las partes. Incorporar estos elementos armoniza nuestro acuerdo de paz con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. En ese sentido, la Comisión de esclarecimiento o de verdad será esencial para avanzar.
Por último, debe establecerse que las salvedades y el contenido del acuerdo se someta al pueblo a través de la expedición de una ley que convoca la Asamblea Nacional Constituyente para discutir la parte orgánica de la Constitución. Esta decisión dotará al proceso de una legitimidad democrática- más de 11 millones de personas- que lo blindará de los órganos constituidos y de las intervenciones del derecho internacional.
El camino no es fácil. Sin embargo, las formulas están y las partes deberán pensar en un país que exige manifestaciones de concordia, sensatez y responsabilidad de las partes. No puede aplazarse la paz. No podemos permitirnos continuar siendo un ejemplo de la barbarie en este planeta. Tenemos que entrar al siglo XXI.
FRANCISCO BARBOSA
@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com
Ph D en derecho Público (Universidad de Nantes (Francia) y profesor Universidad Externado de Colombia.

sábado, 30 de mayo de 2015

Columna en "El Tiempo" de Francisco Barbosa: Justicia prospectiva y proceso de paz en Colombia

Sorprende el argumento esgrimido en los últimos meses de que solo la justicia retributiva permite la reconciliación en Colombia. Se desconocen los avances logrados en torno a otros tipos de justicia que la completan, como lo son el derecho a la verdad, las reparaciones integrales y las garantías de no repetición.
Estas nuevas formas de pensar la justicia han alterado la manera de aplicarla a nivel interno. Por esto, los jueces nacionales de nuestro continente han comenzado a cambiar la típica concepción retributiva e indemnizatoria por una justicia más cercana a las víctimas: la justicia restaurativa a la luz de los caminos de transición.
El origen de ese cambio no es otro que la audacia de los tribunales internacionales de derechos humanos que han ido más allá de la concepción de daño material y moral, para ahondar en las reparaciones como un todo. Estas concepciones por virtud de un diálogo judicial entre el derecho interno e internacional han alterado la simplicidad del derecho local en su concepción judicial.
Sin embargo, para entender situaciones complejas como la que se presenta con el proceso de paz que se adelanta en La Habana es necesario ser imaginativos y superar las concepciones históricas de la justicia. Por esa razón, el concepto denominado ‘justicia prospectiva’ evocado en el año de 1949 por el jurista uruguayo, Juan Llanbias de Acevedo es innovador. Para el jurista, este tipo de justicia permite resolver asuntos extremos, instando a que la sociedad del conflicto no deba limitarse a considerar los valores de las generaciones presentes y pasadas, sino tener en cuenta las generaciones futuras con lo cual se podrían superar los odios, los rencores y se dejaría atrás el conflicto.
Esta justicia cabría en el proceso colombiano en la medida en que la paz como derecho que sintetiza a los demás, tendría que ser elemento de cohesión para las nuevas generaciones. Es lo que debe definir a la nación colombiana. Hoy, desafortunadamente la guerra y el odio es lo que nos determina.
La justicia prospectiva cabe dentro de los parámetros de justicia transicional –verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición– y su aplicación excluiría la mera retribución en virtud del margen nacional de apreciación que se aplica por la particularidad del conflicto armado de Colombia.
En La Habana debe tenerse en cuenta por dos razones. La primera, porque abandonar el conflicto significa dejar atrás valores de guerra para remplazarlos por valores de paz. Es necesario reflexionar sobre el tipo de sociedad que se tendrá en el futuro. Debe pensarse en las generaciones no nacidas para permitir que las heridas del pasado, sin olvidarlas, sean el estímulo de un futuro diferente a la retaliación y a la venganza.
El segundo, por cuanto la justicia prospectiva nos debe llevar a construir una sociedad más justa donde quepa un nuevo acuerdo social y político. Los responsables del conflicto deben pedirles perdón a las víctimas, garantizando que los hechos de violencia no se repitan. La justicia prospectiva debe acompañarse de la reparación, la restauración, si es posible, y de la acción deliberativa de la ciudadanía.
Foster Wallace en un hermoso relato que trae Nuccio Ordine en su libro ‘La utilidad de lo inútil’ (2013), escribió: “Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria; el pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: ‘Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?’. Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: ‘¿Qué demonios es el agua?’". Esperemos que la reconciliación, la paz y la justicia prospectiva les permitan a las nuevas generaciones de colombianos reconocer el agua.





Francisco Barbosa*Ph. D. en Derecho Público, Universidad de Nantes (Francia), profesor de la Universidad Externado de Colombia.

domingo, 10 de mayo de 2015

Propuesta de Francisco Barbosa en "El Tiempo": Una idea para destrabar la discusión de justicia en el proceso de paz

La actual coyuntura en el proceso de paz hace que algunos sectores de la opinión exijan la ruptura de los diálogos entre el Gobierno y las Farc. Lo que vendría sería más guerra, más víctimas, más desestabilización y seguir en el siglo XIX. Es cierto que los últimos hechos cometidos por la guerrilla en el departamento del Cauca fueron un elemento desestabilizador para la negociación. Sin embargo, más allá de estas lamentables y dolorosas muertes no queda más que acelerar las discusiones, acabar el conflicto y encaminarnos hacia el famoso y cacareado “posconflicto”.

El problema de la aceleración del proceso no está solamente en el desarrollo agrario integral, en la participación política, en la solución al problema de drogas ilícitas y en las víctimas. Todos esos temas con las salvedades puestas de presente en el acuerdo parcial ─hasta ahora 28─ tendrán que ir a una asamblea nacional constituyente. El tema esencial en este momento para destrabar la mesa es la justicia. Si no se logra una salida, el proceso fracasa. Esa es la verdad pura y simple.

Por esta razón, no es aceptable que un sector de la justicia y de la academia haya puesto de presente que el proceso de paz deba resolverse de forma exclusiva con el Código Penal en la mano determinando cómo y en qué condiciones deben ir presos los responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos con ocasión del conflicto armado.

El argumento expuesto es que tanto la Corte Penal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantean límites absolutos frente a las amnistías, autoamnistías, indultos o cualquier otra alternativa similar para ponerle punto final al conflicto. Si esa es la tesis, el proceso naufragará y nos enfrentaremos al ridículo de continuar un conflicto estéril por varios años más.

La verdad es que el sistema internacional no ha puesto talanquera alguna a este proceso de paz. El derecho internacional de los derechos humanos sí permite salidas a situaciones particulares que se viven dentro de los Estados.
El margen nacional de apreciación, una salida

La alternativa jurídica para sacar adelante el proceso de paz con relación a la justicia es la aplicación de la doctrina del margen nacional de apreciación, desarrollada por la Corte Europea de Derechos Humanos (1956), acogida por la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta doctrina consiste en que los tribunales otorgan a los Estados, en casos particulares, la posibilidad de interpretar y aplicar los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Estas particularidades tienen que ver con circunstancias que sean propias tanto de su cultura como de su historia. En Colombia la guerra lo es.

La doctrina ha sido utilizada en decenas de casos en el sistema europeo de derechos humanos, así como en el sistema interamericano que la ha puesto a prueba en algunas decisiones sobre derechos políticos, libertad de expresión y libertad personal, sin entrar a aplicarla en los conflictos armados internos.
A pesar de su limitación, debe considerarse que en Colombia esta doctrina sí sería aplicable a partir de la existencia de dos factores.

El primero, la naturaleza particular del conflicto armado colombiano, la desestructuración territorial y la ausencia de prácticas estatales en nuestro territorio. El respaldo de esta realidad se encuentra en el informe 'Basta ya' y en los informes de la Comisión de Historia y del Conflicto que, lejos de ser insustanciales, sustentan nuestra particularidad.

Otros historiadores lo han explicado de forma magistral como se observa en los recientes libros de Fernán González 'Poder y violencia en Colombia' (2014) y del profesor Jairo Estrada ─coordinador del texto─ 'Solución política y proceso de paz en Colombia' (2013).

El segundo aspecto es que tanto el estatuto de la Corte Penal Internacional como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos tienen la paz y la democracia como objetivos fundantes. En el caso colombiano, la paz sería un logro mayor a cualquier otro, teniendo presente que su consecución pondría fin a un conflicto de más de cinco décadas. Así mismo, a la luz de la jurisprudencia de los dos tribunales no se han hecho análisis de resolución de conflictos internos en justicia transicional.

Otro aspecto a tenerse en cuenta es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en algunos casos sobre resolución de conflictos armados en el continente americano, como Barrios Altos contra Perú (2001), Almonacid Arellano contra Chile (2006), La Cantuta contra Perú (2006), Gomes Lund y otros respecto de Brasil (2010) y Gelman contra Uruguay (2011). Su postura jurisprudencial ha sido similar frente a todas las amnistías o auto amnistías sin distinguir la legitimidad democrática de cada proceso, como lo recuerda y critica el profesor argentino Roberto Gargarella.

A pesar de eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como recordaba en una conversación reciente con el profesor Rodrigo Uprimny, no ha bloqueado salidas negociadas como la colombiana, ni establecido ningún estándar aplicable al caso de nuestro país. El precedente se aplica a los casos concretos similares, pero no a uno inédito como el colombiano.

Siguiendo esta idea, el voto razonado del Mozote c. Salvador (2012) presenta una alternativa para ser utilizada en la resolución del conflicto armado colombiano en la medida en que abre una veta para resolver nuestro conflicto. 

En esa decisión se indicó la posibilidad de articular paz y justicia en el marco de un acuerdo.

Sobre este particular, el voto concurrente del juez Diego García-Sayán y cuatro jueces más en esa decisión son categóricos en el sentido de determinar “la cuestión de las amnistías y su relación con el deber de investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos, requiere un análisis que proporcione criterios adecuados para un juicio de ponderación en contextos en los que pudieran surgir tensiones entre las demandas de justicia con los requerimientos de una paz negociada en el marco de un conflicto armado no internacional”.

Del mismo modo, sobre las sanciones por violaciones a los derechos humanos reveló: “El reconocimiento de responsabilidades por parte de los máximos líderes puede contribuir a promover un proceso de esclarecimiento tanto de los hechos como de las estructuras que hicieron posible esas violaciones. La reducción de penas, la concesión de penas alternativas, la reparación directa del perpetrador a la víctima, el reconocimiento público de responsabilidad son otras vías que se pueden considerar”.

La justicia que se logre en el proceso en La Habana no puede ser el resultado de establecer una discusión cerrada entre justicia y paz. A eso es necesario ponerle matices. Uno de ellos es que no necesariamente se trata de dos valores contrapuestos. La justicia incluye elementos como la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, mientras que la paz es una síntesis de todos los derechos.

La doctrina del margen nacional de apreciación es una puerta que permite entrar de lleno en la discusión de justicia en la mesa de negociación, sin gran presión internacional. Si salimos de ese punto, las partes una vez firmen la paz, deben acudir al Congreso para tramitar una ley que convoque a una asamblea nacional constituyente que remplace el antiguo régimen de 1991.

FRANCISCO BARBOSA
PH. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y profesor de la Universidad Externado de Colombia
@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com

domingo, 3 de mayo de 2015

Columna en "El Tiempo" de Francisco Barbosa: Vuelve y juega la justicia en el equilibrio de poderes

La reforma de equilibrio de poderes entra en la recta final. La idea que se tuvo en el momento de su presentación era suprimir la reelección del Presidente, para convertirse con el paso de los debates y los escándalos en un salpicón de casi 30 artículos: una reforma constitucional sobre política y justicia que se le incluyó de todo y cuyo resultado puede ser un nuevo fiasco.
Más allá de los problemas constitucionales que le han surgido al proyecto debido a la inclusión de temas que no se discutieron en la primera vuelta del debate, vale la pena abordar tres aspectos que deberían tener en cuenta en el Congreso de la República en lo que resta del procedimiento legislativo.

En primer término, el aumento de fueros es incomprensible. El escándalo que se produjo en la Corte Constitucional por presuntos hechos de corrupción y la discusión en torno a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que ha sido incapaz de acusar a ningún aforado debió generar una reflexión contraria a la que trae la ponencia para el sexto debate. En el texto, en vez de acabar de una vez por todas los fueros de los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General, se les otorga fuero al Procurador, Contralor y al Defensor del Pueblo.
Debe recordarse que el fuero en un régimen presidencial existe solamente para el Presidente de la República en el entendido en que debe protegerse la institución que representa. Haciendo eco a este argumento, el Tribunal o Comisión de Aforados debe acusar o investigar al Presidente o el Vicepresidente. Los otros funcionarios deben ser normalizados, como cualquier ciudadano.
En segundo término, debe ponérsele fin a la cooptación, es decir, al mecanismo por medio del cual los magistrados se eligen entre ellos. No puede ser posible que producto del vergonzoso escándalo de la Corte Constitucional, las intempestivas renuncias en la Corte Suprema de Justicia o las prácticas non sanctas del Consejo Superior de la Judicatura, se concluya que la solución de la reforma sea la de perpetuar un sistema de elección que carece de transparencia y en el cual prima el “corporativismo judicial”.
Este sistema es nocivo, como ha quedado evidenciado en nuestra historia constitucional, porque genera rezago judicial a través del sostenimiento de teorías y de formas de administración de justicia que no responden a la dinamicidad y a los cambios de las sociedades. La jurisprudencia es un elemento de construcción de doctrinas sólidas, pero también de recepción de nuevas ideas que deben venir de personas que integren las cortes y sean ajenos a la dinámica corporativista de la rama.
Por último, la figura de la inviolabilidad no puede ser introducida para generar exclusión judicial alguna contra los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación. La inviolabilidad fue construida como un instituto en beneficio de los parlamentarios teniendo en consideración que tendrían exclusión de responsabilidad por sus dichos en el Congreso. Los magistrados y el Fiscal, por el contrario, defienden sus decisiones con razones, motivaciones y argumentos. Así es en la actualidad y siempre lo ha sido.
Sin embargo, en caso de que un magistrado o el Fiscal cometan un delito como prevaricato en el ejercicio de la función judicial deben ser investigados y sancionados por la justicia, sin pretender excluirse de ninguna responsabilidad. Ni más faltaba que se requiera un antejuicio político para analizar la comisión de un delito.
Es increíble que la justicia esté en crisis y la solución para todos los problemas se encuentre, según este anárquico proyecto, en otras ramas del poder público. La Constitución del 91 redujo el poder del Ejecutivo y enalteció a la Rama Judicial. El equilibrio de poderes es para nivelar y ajustar, no para agudizar las diferencias y desconocer el principio de “los pesos y los contrapesos”.
Francisco Barbosa

@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com
*Ph. D. en Derecho Público (Universidad de Nantes, Francia). Profesor de la Universidad Externado de Colombia.

martes, 14 de abril de 2015

Crónica de Marco Antonio Campos en "La Jornada de México": "El filántropo Santa Anna en Turbaco

Leyendo el primer libro de la trilogía de la historia republicana de México de Enrique Krauze "Siglo de caudillos" me enteré que el dictador y 11 veces presidente de México en el siglo XIX había vivido en Turbaco (Bolívar) en Colombia entre 1850-53 y entre 1855-58. 

En el diario "La jornada" de México del 3 de abril de 2005, se escribió la siguiente crónica por Marco Antonio Campos. La transcribo porque es maravillosa. Según este texto, el dictador y leyenda de México cuasigobernó el pueblo de Turbaco durante su estancia en esa población colombiana.




"Se halla a cosa de una hora de Cartagena de Indias. Con el periodista Eduardo Cruz, actual agregado cultural en Colombia, y Edelmiro Franco, corresponsal de Notimex, en un taxi alquilado nos dirigimos a Turbaco, a ver dónde vivió dos periodos de su vida Antonio López de Santa Anna, el Carlos Salinas de Gortari, multiplicado por once, de nuestro siglo xix, es decir, el personaje más vilipendiado desde cualquier ángulo de nuestra historia. 

En Turbaco vivió dos periodos: uno, de 1850 a 1853, y otro de 1855 a 1858. En el primero hubiera seguido allí, si a Lucas Alamán y a las cabezas del partido conservador no se les hubiera pasado por la cabeza la idea de traerlo de nuevo a México. 

Se envió una comisión, encabezada por el general Antonio de Haro y Tamariz, con una carta de Alamán donde se le ponían varias condiciones para volver a la presidencia: proteger los bienes del clero y de los grandes propietarios, no rodearse de una corte de aduladores que sólo buscaban su provecho propio y no irse a encerrar por temporadas a su casa de Tacubaya y a su hacienda veracruzana de Manga de Clavo dejando la máxima autoridad de la República en manos de sus incondicionales ineptos. 

Santa Anna ascendió a la presidencia, que para él sería la última, el 20 de abril de 1853. Es decir, de finquero y gallero y monte de piedad en el Caribe colombiano pasó a convertirse en menos de nueve meses en presidente, inmediatamente en dictador y en el mes de diciembre, ya enloquecido, en Su Alteza Serenísima.


Es un día cálido. Nos dicen que en un tiempo el pueblo fue más frío. Santa Anna buscaba entonces algo que se pareciera a su hacienda veracruzana.

Llegamos al pueblo. La alcaldía está cerrada. Decidimos ir a la escuela. Es una secundaria. Preguntamos al prefecto (supervisor se le dice en Colombia) por el maestro de literatura o de historia. Nos lleva a un salón de clase. "Es ése", nos señala a un joven de tez morena oscura. Lo llamamos. Sale. No, no sabe nada, nos dice. Nos trata muy amablemente y nos acompaña hasta la puerta de entrada de la escuela. Le pide al prefecto que nos lleve a casa del profesor Enrique Carrascal. La casa se halla a la vuelta de la esquina. "¿Y qué clase de literatura o de historia da usted?" "No", repone despidiéndose. "Doy matemáticas y física."
Llegamos a casa del profesor Carrascal. Por una enfermedad extraña su rostro está lleno de nudos y de bolas. Nos recibe con abierta amabilidad. Le explicamos quiénes somos y le preguntamos si sabe dónde quedaban la casa y la finca de Santa Anna. "Sabemos que ese señor vivió aquí, sí, señores", dice como tratando de fijar algo que se vuelve vagaroso en su memoria incierta. 

"Fue, creo, por 1870".
—No, estuvo aquí dos veces en la década de los cincuenta del siglo XIX.
Después de aclararnos que él es poeta y no historiador ("mi último poema lo escribí para la celebración de una niña de quince años"), nos da dos señas importantes: la actual alcaldía fue la casa de Santa Anna y existe un libro de historia de Turbaco. "Pero el que debe saber bien de esas cosas es Medardo Arellano, que tiene un puesto de cervezas y refrescos frente a la alcaldía".


Me empiezo a sentir como en un cuento de Los funerales de la mamá grande.

En efecto, nos dice Medardo Arellano con gran seguridad mientras barre su puesto, ese señor mexicano vivió aquí e hizo mucho por Turbaco. Su finca se llamaba La Habana. "Estaba hacia allá", y nos señala calle abajo. "Fundó el cementerio y su casa era la actual alcaldía. Hizo muchos compadres por acá", añade amablemente. Edelmiro Franco, siempre sonriente, como si estuviéramos actuando de personajes incidentales en una novela de la picaresca caribeña, tiene encendida la grabadora y no deja de tomar notas. Eduardo Cruz pone cara de creerlo todo. "No hay como tener y dejar compadres en un sitio", comenta Eduardo.

De súbito, garcíamarquesianamente, se aparece de nuevo el prefecto de la escuela montado en una bicicleta llevando en la parrilla a un joven de unos treinta años. "Este fue el que escribió el libro sobre Turbaco", dice el prefecto. Le preguntamos su nombre: 

"Francisco Hoyola, pero me dicen Pacho Listo".

—Mucho gusto, Pacho Listo —nos presentamos.
Nos cuenta que, en efecto, Santa Anna compró la casa que es ahora la alcaldía e hizo notables obras para el pueblo como ayudar económicamente para volver carreteable el camino a Cartagena, reconstruir y ornamentar la iglesia y darle forma a un confuso cementerio. En su finca (que verdaderamente se llamaba La Rosita, por el nombre de la hija), había cría de ganado, se cultivaba tabaco y se producía azúcar. Llegó a haber más de cincuenta trapiches. Miles trabajaron en la finca.

"Todo con dinero robado al pueblo mexicano", pienso, pero no lo digo para no ofender.
—Fue famoso como gallero —apunto—. Su deporte favorito eran las peleas de gallos. —En Turbaco, en todo el departamento de Bolívar, abundan los galleros —contesta Pacho Listo. —En los palenques se hallaba en su elemento —me atrevo a decir. —En el Memorial, que escribieron los turbaquenses, se mencionaba su regreso en 1855 como "un don de la Divina Providencia". El Memorial está reproducido en mi Historia de Turbaco.
Pacho Listo dice al prefecto que vaya a buscar el libro. El prefecto se va en friega en la bici. 
"Se tiraron cien ejemplares. Es ahora libro de texto", comenta ufano Pacho Listo.
Preguntamos si cien ejemplares alcanzan para los alumnos.
—Se le dio a cada biblioteca uno para consultar.

Y comentamos entre nosotros por lo bajo si en Turbaco habría cien bibliotecas.
En friega salió el prefecto y regresó en friega. Trae el libro que parece más un folleto.
Cruzamos la calle para ver de cerca la alcaldía. Junto a la puerta hay una placa del 2002 puesta por el Ministerio de Cultura:

EN ESTA CASA VIVIÓ ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANA

Tan enterados estaban históricamente que se les olvidó una ene.
Leyendo el folleto sobre Turbaco percibimos que la casa es esencialmente la misma: el techo de tejas de barro colorado, el amplio corredor exterior y las columnas cilíndricas. Por esas bromas históricas involuntarias, como si se quisiera recordarle a Santa Anna su primer gran episodio negro en la historia mexicana, al inmueble se le conocía y se le conoce como La Casa de Tejas.

Pacho Listo nos dice que la calle se llama también Antonio López de Santa Anna. Mientras saca fotos, Edelmiro pregunta en qué esquina o sitio hay una placa con el nombre. "No hay, pero la gente está más acostumbrada a decirle calle de la Alcaldía".

El Memorial del 17 de febrero de 1858 de los turbaquenses, único documento auténtico, está dirigido a Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y se le da trato de Vuestra Excelencia. En él los turbaquenses lamentan profundamente su partida y recuerdan cómo ayudó a todos: al pobre, al viejo, al joven, al marinero, al presidiario. 

Gracias a él, en cinco años, de 1851 a 1856, la población se duplicó de 2 mil a 4 mil habitantes. Donde hubo chozas y solares se alzaban ya casas grandes y cómodas.

Nos dirigimos a sacar fotocopias de las páginas sobre Santa Anna escritas en el folleto. Don Enrique Carrascal quiere que también copiemos su poema a la niña de quince años. "A ver si me ayudan a publicarlo en México", nos dice a Eduardo y a mí. Contestamos que el poema en México sería muy bien recibido.
Pedimos a Pacho Listo que nos acompañe en el taxi al único cementerio prosantanista de América.

En el cementerio sólo encontramos tumbas del siglo xx. Es un cementerio feo rodeado de casas que dan la impresión de formar parte del cementerio. De una de las casas colindantes sale de una radio música de vallenato como para levantar a los muertos y ponerlos a bailar. Empiezo a dudar dónde empieza Turbaco y dónde Macondo. Eduardo Cruz y yo caminamos hacia el fondo del cementerio. La música parece rebasar la barrera del sonido. "Si al menos fueran vallenatos de Rafael Escalona y Alejo Durán", comento resignado.

Se oye de pronto un grito de Pacho Listo: "¡Aquí está enterrada una de las descendientes de Santa Anna!" Hasta ese momento creíamos que sólo había dejado compadres. Entre escépticos, ilusos e ilusionados Eduardo Cruz y yo nos encaminamos a la entrada del camposanto. La mujer enterrada tiene el nombre de Luisa Elvira Espinosa Marrugo (1905-1989). "Fue su nieta", dice Pacho Listo. Las fechas no cuadran. Indagando en La historia de Turbaco parece que era su tataranieta: biznieta de su hijo natural Ángel López de Santa Anna.

Nos despedimos. Subimos al taxi para dirigirnos a Palenque, tierra de negros, donde Edelmiro entrevistará a Evaristo Márquez, quien actuó con Marlon Brando en Quemada, la película de Gillo Pontecorvo. Mientras miro desde la carretera el paisaje hermosamente verde recuerdo las líneas finales del Memorial, en las que se lee que por sus grandes obras y aportaciones al pueblo, "queda demostrado que en el corazón de Vuestra Excelencia [Antonio López de Santa Anna] se encuentra todo lo grande, todo lo bello, todo lo sublime, todo lo heroico". Sólo su poeta oficial, Ignacio Sierra y Rosso, y su poeta medio oficial, Francisco González Bocanegra, se hubieran atrevido a tanto en México.

El año siguiente, en 1859, ya estando en Saint Thomas, en las Bahamas, Santa Anna se enteró de que el caudillo liberal Cipriano de Mosquera, amigo de Benito Juárez, había confiscado la finca La Rosita y ordenado estrangular todos los gallos".

Tomado de http://www.jornada.unam.mx/2005/04/03/sem-anna.html