lunes, 22 de junio de 2015

Artículo en El Tiempo de Francisco Barbosa: La Comisión de la Verdad, ¿por qué es clave para la paz?

La creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición es fundamental para el proceso de paz.
Su funcionamiento se hará realidad cuando se logré un acuerdo sobre los puntos que faltan en la mesa: víctimas, justicia y, por supuesto, legitimación democrática de los acuerdos.

Sin embargo, una escalada de hostilidades, como la que se vive actualmente, con el aprovechamiento de enemigos de la reconciliación, podría llevar al traste la iniciativa.
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos tendrá que cerrar filas para establecer una política nacional de paz, sin dejarse afectar por las voces que claman por el fin de la negociación.
Las Farc, por su parte, deben dejar de afectar al pueblo colombiano a través de ataques como los producidos en los últimos días. Las partes deben parar ya y acordar un fin de esta brutal escalada militar a través de un cese verificable de hostilidades con acompañamiento de los países veedores del proceso.
El funcionamiento de la Comisión tendrá como objetivo desentrañar la verdad ─elemento esencial de la justicia transicional─, ser el escenario para que las partes reconozcan su responsabilidad y plantear los objetivos para la concreción de las garantías de no repetición.
Al final de su tarea, deberá ofrecer unas recomendaciones para que se materialice el perdón, se produzcan sanciones para ejercer cargos públicos, se establezcan compromisos de reconstrucción de tejidos sociales en territorios afectados y se provoque un desminado focalizado, entre otras medidas. Su conformación será plural, consonante a lo indicado en la mesa y deberá representar diversos sectores del país. La pluralidad será sinónimo de cohesión y dignificación social.
Para llegar al escenario planteado es necesario que se logren acuerdos parciales sobre los puntos restantes, teniendo en cuenta el itinerario de desgaste, la escalada de las hostilidades y la falta de información de la ciudadanía sobre lo que pasa en la Habana.
Del mismo modo, en el capítulo de la justicia debe acogerse la doctrina del margen nacional de apreciación, con lo cual un conflicto que es único en el continente y que tiene un complejo entorno histórico podría prescindir de la típica justicia retributiva para abordar los componentes de justicia transicional, uno de los cuales es la verdad sobre lo ocurrido en esta mala herencia histórica que hemos recibido los colombianos.
Una vez se firme el acuerdo se procede al desarme de la guerrilla y la Comisión de la Verdad se pone en funcionamiento. Es necesario cambiarle la cara a nuestro destino. Ojalá se pueda.

Foto: Eliana Aponte /EL TIEMPO
Experiencias comparadas: Guatemala, Salvador y Sudáfrica
Las Comisiones de la Verdad han sido recurrentes en momentos que le ponen fin a un conflicto. Se pueden contar más de 20 en el mundo. Colombia debe mirar con detenimiento tres que a mi juicio son relevantes ─a pesar de la insularidad de su conflicto─, para aprender de las virtudes y también de sus errores.
Las tres comisiones son Salvador, Guatemala y Sudáfrica. La primera, se estableció para resolver un conflicto armado que azotó el pequeño país centroamericano de 1980-1991 y que produjo más de 75,000 muertos.
Su funcionamiento se dio luego de firmado el acuerdo de paz, el 27 de abril de 1991 en México. Entre sus objetivos se destacan proponer reformas y medidas de reparación, permitiendo algunas atribuciones judiciales. Luego de ocho meses de trabajo, tiempo insuficiente para recoger la información pertinente, terminó su labor.
Al final, las recomendaciones fueron aceptadas a medias por una parte del establecimiento y se produjo una ley de amnistía general ─cinco días después de publicado el informe─. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la rechazó en el caso “El Mozote”.
En Guatemala, el conflicto era más complejo. El trasfondo de la guerra era de carácter xenofóbico y produjo un genocidio contra el pueblo Maya.
En el marco de la firma del Acuerdo de paz en la ciudad de Oslo (Noruega), el 23 de junio de 1993, se produce una amnistía condicional y se establece una Comisión de Esclarecimiento Histórico. A diferencia del caso salvadoreño, su trabajo, que duró 18 meses, se enfocó en desentrañar el largo conflicto (1962-1996) con miras a la construcción de medidas de reconciliación.
Como en el caso salvadoreño, la inexistencia de cohesión nacional llevó a las autoridades de ese país a desconocer en parte lo establecido en las recomendaciones por la Comisión a pesar de su naturaleza extrajudicial.
Por último, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica plantea un interesante paradigma para tener en cuenta. Su convocatoria y funcionamiento ─a pesar de la complejísima estructura del apartheid─ fue rodeada y apoyada por las partes, permitiendo una proyección del discurso de paz en una sociedad afectada por un conflicto histórico que duró desde 1960 hasta 1994.
Sus objetivos como los de los países precedentes fueron: promover unión nacional, reconciliación, determinar las causas de violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy “justicia transicional”. Contrario a los casos centroamericanos, en este conflicto el nivel de cumplimiento de las recomendaciones fue alto, al punto que el Comité de Amnistías aprobó solamente aquellas producto de una verdadera colaboración con la Comisión.
El caso colombiano es diferente por la naturaleza del conflicto. No obstante, es menester poner sobre la mesa algunos elementos planteados para no cometer los mismos errores vividos en otras experiencias transicionales.
Ideas sobre elementos de la Comisión de la Verdad en Colombia
Para efecto de consolidar las ideas centrales de la Comisión tendría que tenerse en cuenta varios aspectos que son necesarios para avanzar en este tipo de iniciativas.
En primer término, tomar en consideración el informe 'Basta ya' publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los informes de la Comisión de Historia y del Conflicto que aunque no son unificados, de ellos se extraen dos categóricas conclusiones:1. la existencia de responsabilidad de las partes en el conflicto y 2.la constatación de un conflicto armado con diferentes grados y escalas en los más de 50 años de guerra en Colombia.
En segundo término, el gobierno y las Farc deben crear una política unificada de paz, con discursos de reconciliación en todas sus instancias. La labor de la Comisión deberá ser respaldada por las partes y promovida en la sociedad. Sembrar la paz es una condición esencial para generar acompañamiento de la gente.Debe recordarse que son los ciudadanos quienes tendrán la última palabra frente al proceso.
De lo que se trata en últimas es de “legitimidad democrática”. Esta tarea es esencial. El hecho de que el proceso pase por un mal momento, no implica que los colombianos no acepten la paz. Recordemos que durante la década del ochenta, el M-19 participó en actos deleznables como la toma del Palacio de justicia (1985) y el secuestro del político conservador Álvaro Gómez Hurtado (1988). La opinión pública de la época no tenía afecto alguno por los guerrilleros. Tres años después, en 1991, ese grupo fue parte importante de la Asamblea Nacional Constituyente. Hechos como estos demuestran que la opinión pública es voluble frente a los discursos de paz o guerra.
Un tercer punto tendrá que ver con la composición de la Comisión. En principio, el negociador Humberto de la Calle indicó que serán 11 personas de reconocida independencia, elegidas por un Comité acordado por las partes en un periodo de tres años. Las 11 personas deben ser reconocidos miembros de la sociedad en diferentes segmentos. En ese punto, la partes podrían tomar como ejemplo la manera como se configuró la Comisión de la Verdad en Sudáfrica.
Por último, debe reiterarse que no es una Comisión extrajudicial. Sin embargo, recogerá testimonios de víctimas, victimarios, establecerá contextos y, con ello, determinará responsabilidades personales y colectivas, sin incidencia penal.

Foto: Eliana Aponte /EL TIEMPO
Estas responsabilidades deberán concretarse en recomendaciones para la labor de verificación y acatamiento de las partes en el posconflicto. Quienes no cuenten la verdad y su responsabilidad, quedarán por fuera de los beneficios que se acuerden en el marco de la justicia transicional. Por ello, debe rodearse la Comisión para evitar que se presente un rechazo a las recomendaciones, como ocurrió en Salvador y Guatemala con las fuerzas armadas y los partidos políticos de derecha.
Con la Comisión de la Verdad habrá justicia transicional
La justicia transicional es un elemento esencial de la Comisión para el Esclarecimiento a la Verdad. El acuerdo de justicia previo al funcionamiento de la Comisión debería indicar que quien diga la verdad, acepte la responsabilidad, repare las víctimas y se reconcilie con ellas podrá ser beneficiado de mecanismos de justicia transicional. Si las partes no se someten a la Comisión no podrán ser beneficiados de las medidas. Esa sería la condición para establecer un camino distinto a la retribución o pena de prisión.
La justicia transicional es un elemento esencial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. El acuerdo de justicia previo al funcionamiento de la Comisión debería indicar que quien diga la verdad, acepte la responsabilidad, repare las víctimas y se reconcilie con ellas podrá ser beneficiado de mecanismos de justicia transicional. Si las partes no se someten a la Comisión no podrán ser beneficiados de las medidas. Esa sería la condición para establecer un camino distinto a la retribución o pena de prisión.
La esencia de la Comisión -a pesar de ser extrajudicial- es la de sembrar lo que discutíamos en estos días con el jurista Juan Daniel Jaramillo: la “Justicia prospectiva” es decir permitir que las generaciones futuras tengan parámetros de acción distintas a las generaciones pasadas y presentes. Cambiar los valores de guerra y conflicto por los de la paz.
El infierno que hemos vivido debemos dejar de sufrirlo. Traigo a la memoria un diálogo del Kublai Kan con el veneciano navegante Marco Polo en un hermoso libro de Italo Calvino llamado “Las ciudades invisibles”. En él se habla de cómo escapar del infierno que nos rodea.
Marco Polo indica: “Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio”.
Llegó la hora de hacer durar el discurso de paz en medio del infierno, pero para ello necesitamos acciones de paz. El presidente Santos ha mantenido el diálogo, las Farc deben escuchar el clamor ciudadano y parar. De lo contrario, será tarde.

FRANCISCO BARBOSA
Profesor e investigador
Universidad Externado de Colombia
Ph.D. en Derecho Público (Université de Nantes, Francia)

lunes, 8 de junio de 2015

Análisis de Francisco Barbosa en "El Tiempo": Cinco acciones para sacar adelante el proceso de paz

El proceso de paz sigue en pie. La crisis generada por el escalamiento del conflicto que ha llevado a la fuerza pública a bombardear territorios y a las Farc a contraatacar (abandonando el cese unilateral al fuego), no ha eliminado la convicción de las partes en La Habana de ponerle punto final a esta guerra.
Este convencimiento es fundamental si se tiene en cuenta que nuestros procesos de paz con las Farc fracasaron, justamente por hechos similares a los presentados las últimas semanas. Recordemos que durante el gobierno de Belisario Betancur, la reticencia de los militares llevó al fin del proceso. Esa fue la causa de la salida del exministro de Defensa, el general Fernando Landazábal Reyes.

Luego entre los años 1991 y 1992, se malograron las negociaciones con el gobierno de Cesar Gaviria en Tlaxcala (México) y Caracas (Venezuela). El secuestro y muerte del exministro Argelino Durán Quintero detonó la ruptura de los diálogos. La desconfianza era la regla entre las partes. El recuerdo del bombardeo de Casa Verde, municipio de la Uribe (Meta), sede las negociaciones de las Farc durante los gobiernos de Betancur y Barco, el 9 de diciembre de 1990 era punto de honor de las Farc.
En el 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el secuestro de un avión en el que iba el senador y Presidente de la Comisión de Paz, Jorge Eduardo Gechem Turbay que luego fue secuestrado, dio al traste con una nueva y controvertida iniciativa de paz.
Ahora, cuando ‘los enemigos agazapados de la paz’ como los denominó el recientemente fallecido Otto Morales Benítez en 1983, se solazan y felicitan de ver otro proceso de paz en desgracia, debe celebrarse que las partes no se hayan parado de la mesa respetando el acuerdo del 26 de agosto de 2012 que plantea la ininterrupción de las negociaciones, aún en casos como los ocurridos.
Esta perspectiva positiva no es obstáculo para enfocarse en los desafíos del proceso de paz después de la lamentable muerte de 53 colombianos de ambas partes- 41 guerrilleros, 11 militares y 1 policía- en los últimos días.
En primer término, debe buscarse un cese al fuego bilateral como alternativa necesaria para desescalar el conflicto. Esta medida es fundamental porque le hace mucho daño al proceso la muerte de soldados y guerrilleros, sobre todo, por la dialéctica de paz que se ha logrado consolidar. Por ahora, el retorno de las Farc al cese al fuego unilateral sería una excelente noticia para miles de colombianos que han comenzado a desplazarse a cabeceras municipales en las regiones donde se concentran los bombardeos y las retaliaciones.
Un segundo aspecto, tiene que ver con lograr el acuerdo sobre las víctimas. Las Farc y el Gobierno han demostrado interés en cerrar este punto. El meollo de la justicia transicional está allí. Si se puede mostrar un acuerdo en este aspecto estaríamos ad portas de un paso histórico: el fin del conflicto.
Un tercer desafío debe ser la puesta en marcha del proceso de desminado que se aprobó por parte de la subcomisión técnica. Este acuerdo significa, ni más ni menos que poner de acuerdo a quienes se han enfrentado militarmente en los últimos 50 años: militares y guerrilleros. Acordar este punto, llevará a que por primera vez en la historia colombiana, tanto los unos como los otros trabajen mancomunadamente en la búsqueda de un objetivo común que es desminar territorios de guerra. Ese es uno de los aspectos que debe incluirse en el componente de garantías de no repetición de este odioso conflicto. El caso exitoso del desminado conjunto en el Orejón (Antioquia) es una prueba de la posibilidad del acuerdo.
Un cuarto desafío atañe a la justicia transicional y prospectiva. Es una realidad que las partes deben ponerse de acuerdo en adoptar la doctrina del “margen nacional de apreciación” para aplicar criterios de justicia, alejados de aspectos meramente retributivos o carcelarios. Allí estarán los elementos de la justicia transicional y prospectiva a través de la verdad, reparación, garantías de no repetición y reconocimiento de responsabilidad de las partes. Incorporar estos elementos armoniza nuestro acuerdo de paz con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. En ese sentido, la Comisión de esclarecimiento o de verdad será esencial para avanzar.
Por último, debe establecerse que las salvedades y el contenido del acuerdo se someta al pueblo a través de la expedición de una ley que convoca la Asamblea Nacional Constituyente para discutir la parte orgánica de la Constitución. Esta decisión dotará al proceso de una legitimidad democrática- más de 11 millones de personas- que lo blindará de los órganos constituidos y de las intervenciones del derecho internacional.
El camino no es fácil. Sin embargo, las formulas están y las partes deberán pensar en un país que exige manifestaciones de concordia, sensatez y responsabilidad de las partes. No puede aplazarse la paz. No podemos permitirnos continuar siendo un ejemplo de la barbarie en este planeta. Tenemos que entrar al siglo XXI.
FRANCISCO BARBOSA
@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com
Ph D en derecho Público (Universidad de Nantes (Francia) y profesor Universidad Externado de Colombia.